Nuevas reglas para que las ONG reciban plata del Estado

Qué cambia

La Ley 8151 cambia el artículo 18 de la Ley de Fundaciones (N° 5338). Ahora una fundación necesita cuatro requisitos para recibir donaciones, subvenciones o transferencias de instituciones públicas (art. 18).

Primero, tener al menos un año de constituida (art. 18). Segundo, haber estado activa desde su creación. La ley entiende por activa la ejecución de por lo menos un proyecto al año. Tercero, tener al día el registro de su personalidad y personería jurídicas.

Cuarto, contar con el visto bueno escrito de la Contraloría General de la República cuando corresponda. Ese visto bueno debe mostrar que las donaciones y transferencias se ejecutaron y liquidaron según los fines previstos (art. 18).

Además, las fundaciones beneficiadas deben rendir un informe anual a la Contraloría sobre el uso y destino de los fondos (art. 18). Si no presentan ese informe dentro del mes siguiente al surgimiento de la obligación, la Contraloría lo informa de oficio a la administración activa. Mientras no cumplan, las fundaciones quedan imposibilitadas para recibir fondos públicos.

La ley también pide transparencia. Las fundaciones deben llevar en una cuenta separada las donaciones que reciban y su procedencia, y especificar en qué se invierten (art. 18). Esa cuenta la fiscaliza la auditoría interna que toda fundación está obligada a tener.

El informe de la auditoría se remite a la Contraloría junto con el informe de la Junta Administrativa, según el artículo 15 de la Ley de Fundaciones (art. 18). La ley rige a partir de su publicación.

A quién le toca

A las fundaciones constituidas en Costa Rica que quieran recibir donaciones, subvenciones, transferencias de bienes muebles o inmuebles, o cualquier aporte económico de instituciones públicas (art. 18).

A las fundaciones que ya reciben esos fondos. Deben rendir el informe anual a la Contraloría y llevar la cuenta separada de donaciones (art. 18).

A las auditorías internas de cada fundación. La ley les asigna la fiscalización de esas cuentas, según las normas técnicas de la Contraloría (art. 18).

A la Contraloría General de la República. Le toca dar el visto bueno cuando corresponda, recibir los informes y avisar de oficio a la administración activa si una fundación no cumple (art. 18).

Cómo está hoy según SINALEVI

La norma está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no tiene observaciones 2.

El texto consolidado que publica SINALEVI es el mismo que aprobó la Asamblea. No hay una versión anterior distinta que mostrar 2.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta reforma y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 184 de la Constitución le da a la Contraloría la tarea de fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos de la República §Constitución, art. 184. La ley 8151 desarrolla esa función para el caso de las fundaciones que reciben fondos públicos (art. 18).

El artículo 183 define a la Contraloría como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, con independencia funcional y administrativa §Constitución, art. 183. La obligación de rendir informes y llevar cuentas separadas encaja con ese mandato (art. 18).

El artículo 182 manda que las compras con fondos públicos se hagan mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto §Constitución, art. 182. La ley 8151 no toca ese punto. Regula la entrega de fondos a fundaciones, no la compra de bienes y servicios.

El artículo 45 declara inviolable la propiedad y permite privar de ella solo por interés público comprobado, con indemnización previa §Constitución, art. 45. La ley 8151 no priva a nadie de su propiedad. Condiciona el acceso a fondos públicos (art. 18).

El artículo 27 garantiza la libertad de petición ante cualquier funcionario público y el derecho a obtener pronta resolución §Constitución, art. 27. La ley no limita ese derecho. Una fundación puede pedir el visto bueno o presentar sus informes (art. 18).

Qué puede hacer usted

Si usted dirige una fundación y la Contraloría le niega el visto bueno o le bloquea fondos, puede presentar un recurso de amparo. Procede contra actos u omisiones de servidores públicos que violen derechos fundamentales §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos.

Si cree que la ley misma tiene un problema de fondo, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para interponer la acción de inconstitucionalidad se requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No se necesita ese caso cuando se defienden intereses difusos o colectivos §guía, p. 24.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos por parte de una fundación, puede denunciar ante la Contraloría. La Contraloría revisa y aprueba presupuestos de fondos públicos que administran privados, como las transferencias a fundaciones §guía, p. 68.

La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur §guía, p. 68. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por el portal de Denuncia Electrónica.

Si una institución pública le da un mal servicio o actúa de forma irregular, puede acudir a la Defensoría de los Habitantes. Protege los derechos e intereses de todas las personas que habitan en Costa Rica §guía, p. 71. Cualquier persona que haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública puede presentar una queja.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas fundaciones reciben hoy fondos de instituciones públicas.

El dossier no dice cuánto dinero se entrega cada año a fundaciones por este concepto.

El dossier no incluye el texto del artículo 15 de la Ley de Fundaciones, al que remite la reforma.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.