Ningún banco estatal puede prestarle a su junta directiva ni a sus parientes

Qué cambia

La ley 8187 reformó el artículo 117 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional, Nº 1644, del 26 de setiembre de 1953 (art. único). El texto vigente prohíbe a todo banco comercial del Estado hacer operaciones activas, directas o indirectas, con dos grupos de personas (art. 117).

El primer grupo son los miembros de su propia junta directiva. También sus ascendientes, descendientes, cónyuges y demás parientes por consanguinidad o afinidad, hasta el segundo grado inclusive (art. 117 a)).

El segundo grupo son las sociedades mercantiles y cooperativas donde esas mismas personas sean representantes legales. También aplica si poseen acciones, cuotas u otras participaciones de capital iguales o superiores al quince por ciento (15%) de lo acordado (art. 117 b)). A esa participación se suma la de sus ascendientes, descendientes, cónyuges y parientes hasta el segundo grado.

Cuando se use esta excepción, el director o funcionario administrativo debe certificar el porcentaje que posee en la sociedad o cooperativa donde tenga interés directo o indirecto (art. 117 b)).

La prohibición no cubre los préstamos hechos antes del nombramiento de la persona de que se trate (art. 117).

Para los bancos comerciales particulares, los estatutos deben contener las reglas sobre créditos a las personas de los incisos a) y b). Para conceder esos préstamos se requiere acuerdo de la junta directiva y aprobación expresa por escrito del Superintendente General de Entidades Financieras (art. 117).

La ley rige a partir de su publicación (art. único).

A quién le toca

A los miembros de las juntas directivas de los bancos comerciales del Estado. No pueden recibir operaciones activas del propio banco, ni directas ni indirectas (art. 117 a)).

A los ascendientes, descendientes, cónyuges y parientes hasta el segundo grado de esos directivos. La prohibición también los alcanza (art. 117 a)).

A los funcionarios administrativos de los bancos comerciales del Estado. La regla del inciso b) los incluye cuando son representantes legales o socios de una sociedad o cooperativa (art. 117 b)).

A las sociedades mercantiles y cooperativas donde esas personas tengan representación legal o participaciones de capital del 15% o más (art. 117 b)).

A los bancos comerciales particulares. Sus estatutos deben regular los créditos a estas personas y necesitan aprobación escrita del Superintendente General de Entidades Financieras (art. 117).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación V1 es un reportaje de TV Legislativa sobre la ley 7558, no sobre la ley 8187. Trata de la apertura de cuentas corrientes a la banca privada en 1995 00:00:47. El exdiputado Rodolfo Brenes, integrante de la comisión de asuntos económicos, cuenta cómo se negoció esa reforma 00:06:02.

Brenes dice que se garantizó a los sindicatos bancarios que no habría despidos masivos ni privatización de los bancos del Estado 00:15:31. También relata que se dejó un porcentaje de las captaciones del banco privado para los bancos públicos 00:09:26.

Sobre la fiscalización, la grabación dice que la ley 7558 declaró de interés público la fiscalización de las entidades financieras y creó la Superintendencia General de Entidades Financieras 00:04:22.

Las grabaciones V2 y V3 tratan de otros proyectos de 2019 sobre supervisión consolidada y secreto bancario. No mencionan la ley 8187 ni su artículo 117 00:00:09 00:00:10.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 8187 está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no registra observaciones 5.

Frente a la Constitución

El artículo 189 de la Constitución incluye a los bancos del Estado entre las instituciones autónomas §Constitución, art. 189. El artículo 188 dice que esas instituciones gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno §Constitución, art. 188. La ley 8187 regula por ley el gobierno de esos bancos, que es lo que el artículo 188 permite (art. 117).

El artículo 190 ordena oír previamente la opinión de la institución autónoma antes de discutir y aprobar proyectos relativos a ella §Constitución, art. 190. El dossier no incluye el expediente legislativo de la ley 8187, así que no permite confirmar si se cumplió ese trámite. El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos constitucionales del dossier.

Qué puede hacer usted

Si un banco estatal le negó un crédito o se lo dio a un directivo o pariente suyo, puede presentar un recurso de amparo. Procede contra actos u omisiones de servidores públicos que violen o amenacen violar derechos fundamentales §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Debe expresar con claridad el hecho, el derecho violado, el nombre del servidor y las pruebas §guía, p. 23.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para la acción de inconstitucionalidad se requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo. No se exige cuando se defienden intereses difusos o colectivos §guía, p. 24.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en un banco del Estado, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Su competencia cubre las instituciones autónomas §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la plataforma de servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por el portal institucional.

También puede acudir a la Defensoría de los Habitantes. Protege los derechos e intereses de quienes habitan en Costa Rica ante el mal funcionamiento de instituciones públicas §guía, p. 71. Los bancos del Estado forman parte del sector público que vigila.

Si quiere cambiar la ley, existe la iniciativa popular. Un proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice si la Asamblea oyó la opinión de los bancos del Estado antes de aprobar la ley 8187, como pide el artículo 190.

El dossier no incluye el expediente legislativo ni la fecha exacta de publicación de la ley 8187 en La Gaceta.

El dossier no dice cuántos préstamos se han negado o aprobado bajo esta regla desde que rige.

El dossier no incluye grabaciones de la discusión de la ley 8187 en la Asamblea.