Jueces podrán autorizar escuchas en casos de corrupción

Qué cambia

La reforma cambia dos artículos de la Ley 7425: el 9 y el 29. El artículo 9 fija en qué delitos un tribunal puede autorizar la intervención de comunicaciones (art. 9). El artículo 29 dice cuándo una grabación no es una intromisión ilegítima y cómo puede usarse en un juicio (art. 29).

El artículo 9 permite a los tribunales de justicia autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo (art. 9). Incluye las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales. La autorización solo procede dentro de una investigación policial o jurisdiccional.

La lista de delitos del artículo 9 incluye: secuestro extorsivo; corrupción agravada; proxenetismo agravado; fabricación o producción de pornografía; tráfico de personas menores y tráfico de personas menores para comercializar sus órganos; homicidio; genocidio (art. 9). También cubre los delitos de carácter internacional de dirigir o formar parte de organizaciones que trafiquen con esclavos, mujeres o niños, drogas o estupefacientes, o que cometan secuestro extorsivo o terrorismo.

El mismo artículo 9 permite autorizar la intervención de comunicaciones entre presentes (art. 9). Pone una excepción: lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 26 de esta Ley. Cuando la conversación ocurre dentro de domicilios y recintos privados, la intervención solo se autoriza si hay indicios suficientes de una actividad delictiva.

El artículo 29 dice que no hay intromisión ilegítima si el titular del derecho da su consentimiento expreso (art. 29). Si son varios los titulares, hace falta el consentimiento expreso de todos. Ese consentimiento se puede revocar en cualquier momento.

El artículo 29 también cubre a quien participa en una comunicación mediante la cual se comete un delito tipificado por la ley (art. 29). Esa persona puede registrar o conservar la comunicación. Luego puede presentarla ante las autoridades judiciales o policiales para la investigación. Si esas comunicaciones sirvieron para iniciar un proceso penal, las grabaciones o los textos que las transcriben se pueden presentar como pruebas ante el juez en el juicio.

La Procuraduría General de la República anota que la ley no indica fecha expresa de rige 2. Por eso entra en vigencia en los diez días posteriores, contados a partir del día siguiente a su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.

A quién le toca

A los tribunales de justicia: el artículo 9 les da la potestad de autorizar la intervención de comunicaciones en los delitos que enumera (art. 9).

A las personas investigadas por esos delitos: sus comunicaciones orales, escritas o de otro tipo pueden ser intervenidas si un tribunal lo autoriza (art. 9).

A los titulares de una comunicación: el artículo 29 exige su consentimiento expreso para que no haya intromisión ilegítima (art. 29). Si son varios titulares, hace falta el consentimiento de todos.

A la persona que participa en una comunicación donde se comete un delito: puede registrar o conservar esa comunicación y presentarla ante autoridades judiciales o policiales (art. 29).

A la persona ofendida por ese delito: el artículo 29 la faculta a presentar la grabación ante las autoridades judiciales o policiales para la investigación (art. 29).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación V1 es del 7 de setiembre de 2021 y trata de varios expedientes dictaminados en la Comisión de Asuntos Jurídicos 00:00:09. Sobre este tema, la grabación menciona el expediente 20 mil 683, una reforma a la ley de registros, secuestro y exámenes de documentos privados e intervención de las comunicaciones 00:01:00.

Según la grabación, esa reforma faculta a los tribunales de justicia a autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales 00:01:10.

La grabación también dice que la Ley 7425 no contempla los delitos de corrupción 00:01:52. Y afirma que en el expediente consta la justificación del Ministerio Público 00:02:01. Menciona criterios de la Fiscalía General y de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción 00:02:13. También de la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos y de la Fiscalía de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 00:02:18.

Según la grabación, esas fiscalías concluyen que la herramienta es necesaria para perseguir delitos de corrupción, que son delitos complejos 00:02:27.

La grabación no identifica por nombre a la persona que habla 00:00:09.

Cómo está hoy según SINALEVI

La Ley 8200 está vigente 2. SINALEVI muestra una sola versión de la norma, la número 1 de 1. El texto consolidado que aparece en el dossier es el que reforma los artículos 9 y 29 de la Ley 7425 (art. 9).

La Ley 7425, de 9 de agosto de 1994, sigue vigente 4. La Ley 8200 la reformó en esas dos disposiciones (art. 9).

La observación de la Procuraduría General de la República es sobre la entrada en vigencia 2. Dice que, por no indicar fecha expresa de rige, la ley entra en vigencia en los diez días posteriores, contados desde el día siguiente a su publicación en La Gaceta.

Frente a la Constitución

El artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones §Constitución, art. 24. Declara inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República.

El mismo artículo 24 permite que la ley fije en qué casos los Tribunales de Justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen de documentos privados §Constitución, art. 24. Eso procede cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento. La aprobación y reforma de esa ley requiere los votos de dos tercios de los Diputados de la Asamblea Legislativa.

El artículo 24 también dice que la ley determinará en cuáles casos los Tribunales de Justicia podrán ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación §Constitución, art. 24. Debe indicar los delitos en cuya investigación podrá autorizarse esa potestad excepcional y durante cuánto tiempo.

El artículo 9 de la ley calza con ese mandato: pone la autorización en manos de los tribunales de justicia y enumera los delitos (art. 9). El Censo no encontró en el dossier el dato de cuánto tiempo puede durar una intervención autorizada. El artículo 24 pide que la ley lo indique §Constitución, art. 24. Esa es una duda que el texto del dossier no permite resolver.

El artículo 24 pide además que la ley señale las responsabilidades y sanciones de los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción §Constitución, art. 24. El dossier no incluye ese dato para la Ley 8200.

El artículo 24 exige que las resoluciones judiciales amparadas a esta norma sean razonadas §Constitución, art. 24. También dice que su aplicación y control son responsabilidad indelegable de la autoridad judicial. El artículo 9 pone la autorización en los tribunales de justicia, lo que calza con esa frase (art. 9).

El artículo 23 de la Constitución declara inviolables el domicilio y todo otro recinto privado. Permite allanarlos con orden escrita de juez competente, entre otros supuestos. El artículo 9 de la ley condiciona la intervención en domicilios y recintos privados a que exista sospecha razonada de actividad delictiva (art. 9).

El artículo 29 de la ley permite a un particular registrar una comunicación donde se comete un delito y presentarla como prueba (art. 29). El Censo no encontró en el dossier un artículo constitucional que prohíba esa conducta de forma directa. El artículo 24 protege el secreto de las comunicaciones y deja a la ley fijar las excepciones §Constitución, art. 24.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una autoridad pública viola o amenaza violar su derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El recurso de amparo se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación §guía, p. 22. También hasta dos meses después de que hayan cesado totalmente sus efectos directos.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que considera violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano autor del agravio y las pruebas de cargo §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida si queda claro el derecho lesionado.

Si lo que quiere es impugnar la ley misma por infringir la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra las leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional.

La acción de inconstitucionalidad requiere, por regla, que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa §guía, p. 24. No será necesario el caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Puede hacerlo cualquier persona que habite en Costa Rica y haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios. La Defensoría no investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial.

Si quiere proponer un cambio a esta ley, existe la iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto tiempo puede durar una intervención de comunicaciones autorizada por un tribunal.

El dossier no incluye las sanciones para funcionarios que apliquen ilegalmente la intervención.

El dossier no permite saber si la Ley 8200 fue aprobada con los dos tercios de los diputados que pide el artículo 24 de la Constitución.

El dossier no identifica por nombre a la persona que habla en la grabación V1.