Tribunales podrán autorizar escuchas en casos de corrupción

Qué cambia

La ley cambia el artículo 9 de la Ley 7425. Ahora los tribunales de justicia pueden autorizar la intervención de comunicaciones orales, escritas o de otro tipo dentro de una investigación policial o judicial (art. único).

Eso incluye las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales (art. único). La autorización solo procede cuando la intervención ayude a esclarecer ciertos delitos.

La lista de delitos es esta: secuestro extorsivo, corrupción agravada, proxenetismo agravado, fabricación o producción de pornografía, tráfico de personas y tráfico de personas para comercializar sus órganos (art. único). También homicidio calificado, genocidio, terrorismo y los delitos de la Ley 8204 sobre estupefacientes, sustancias psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, legitimación de capitales y actividades conexas.

La ley también permite intervenir las comunicaciones entre los presentes. Hay una excepción: lo dispuesto en el segundo párrafo del artículo 26 de la misma Ley 7425 (art. único).

Si la conversación ocurre dentro de domicilios y recintos privados, la intervención solo se autoriza si hay indicios suficientes de que se lleva a cabo una actividad delictiva (art. único).

La ley rige a partir de su publicación (art. único).

A quién le toca

A los tribunales de justicia. Son los únicos que pueden autorizar la intervención de comunicaciones dentro de una investigación policial o jurisdiccional (art. único).

A las personas investigadas por los delitos de la lista. Sus comunicaciones orales, escritas o digitales pueden ser intervenidas si un tribunal lo autoriza (art. único).

A quienes estén dentro de un domicilio o recinto privado durante una conversación. Ahí la intervención solo procede si hay indicios suficientes de actividad delictiva (art. único).

A los funcionarios que aplican esta potestad. La Constitución dice que la ley señalará las responsabilidades y sanciones en que incurrirán los funcionarios que apliquen ilegalmente esta excepción §Constitución, art. 24.

Lo que se dijo en la comisión

La Comisión de Asuntos Jurídicos dictaminó el expediente 20 683, una reforma a la ley de registro, secuestro y examen de documentos privados e intervención de las comunicaciones 00:01:00.

Según la grabación, esa reforma faculta a los tribunales de justicia a autorizar la intervención de comunicaciones orales y escritas, incluso las telecomunicaciones fijas, móviles, inalámbricas y digitales 00:01:12.

La grabación dice que la Ley 7425 no contempla los delitos de corrupción 00:01:52. También dice que el expediente tiene la justificación del Ministerio Público 00:02:01.

Menciona a la Fiscalía General, la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción, la Fiscalía de Narcotráfico y Delitos Conexos y la Fiscalía de Trata de Personas y Tráfico Ilícito de Migrantes 00:02:04.

Según la grabación, todas esas fiscalías concluyen que la herramienta es necesaria para perseguir delitos de corrupción, que son delitos complejos 00:02:27.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no tiene observaciones 4.

El texto que muestra SINALEVI es el mismo que se aprobó: la reforma al artículo 9 de la Ley 7425 4.

Frente a la Constitución

El artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad, a la libertad y al secreto de las comunicaciones §Constitución, art. 24. Dice que son inviolables los documentos privados y las comunicaciones escritas, orales o de cualquier otro tipo de los habitantes de la República.

Ese mismo artículo permite que la ley fije en qué casos los Tribunales de Justicia podrán ordenar el secuestro, registro o examen de documentos privados, cuando sea absolutamente indispensable para esclarecer asuntos sometidos a su conocimiento §Constitución, art. 24.

La Constitución también dice que la ley determinará en cuáles casos los Tribunales de Justicia podrán ordenar que se intervenga cualquier tipo de comunicación §Constitución, art. 24. Debe indicar los delitos en cuya investigación podrá autorizarse esa potestad excepcional y durante cuánto tiempo.

El texto de la ley calza con ese mandato en dos puntos. Pone a los tribunales de justicia como única autoridad que autoriza (art. único). Y enumera los delitos en los que procede.

Hay una duda sobre el plazo. La Constitución pide que la ley indique durante cuánto tiempo se puede intervenir una comunicación §Constitución, art. 24. El texto de la reforma no fija ese plazo (art. único).

El artículo 23 de la Constitución declara inviolable el domicilio y todo otro recinto privado §Constitución, art. 23. Permite el allanamiento con orden escrita de juez competente y con sujeción a la ley. La ley sigue ese mismo esquema: exige indicios suficientes de actividad delictiva para intervenir dentro de domicilios y recintos privados (art. único).

El Censo no encontró un choque directo entre el texto y los artículos 23 y 24 de la Constitución. La duda queda en el plazo de la intervención, que la Constitución pide y el texto no detalla.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una autoridad viola su derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos.

Si lo que quiere es impugnar la ley misma por chocar con la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra las leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional.

Para interponerla, el artículo 75 pide que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa §guía, p. 24. No se necesita ese caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si quiere proponer un cambio a esta ley, existe la iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Si un funcionario público usa mal esta potestad, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto tiempo puede durar una intervención autorizada, dato que la Constitución pide fijar en la ley.

El dossier no incluye el texto del segundo párrafo del artículo 26 de la Ley 7425, al que la reforma remite.

El dossier no dice la fecha exacta de publicación de la Ley 8238 en el diario oficial.