Una ley da al MEP poder para contratar con plata de un préstamo

Qué cambia

La Ley 8321 le otorga personalidad jurídica instrumental al Programa de Mejoramiento de la Calidad de la Educación General Básica (PROMECE) (art. 1). Eso significa que el programa puede firmar contratos en su propio nombre, como si fuera una oficina aparte dentro del Ministerio de Educación Pública (MEP).

El artículo 1 lista para qué puede contratar: obra civil y tecnología informática para la educación, materiales didácticos, capacitación para docentes, suministros y materiales para la operación ordinaria, asistencia técnica y consultoría, y procesos de cambio cultural (art. 1). Todo eso lo hace de acuerdo con el contrato de préstamo Nº 1010/OC-CR, que aprobó la Ley 7731 del 6 de enero de 1998.

Ese poder no es para siempre. El artículo 2 dice que la personalidad jurídica es transitoria y se extingue cuando se liquide el contrato de préstamo Nº 1010/OC-CR y sus anexos entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (art. 2).

El artículo 3 se mete en el control de la plata. La cláusula 1.04 del Anexo B del préstamo pone al MEP, por medio del PROMECE, a ejecutar, administrar y adjudicar los contratos de compra de bienes, obras y servicios (art. 3). Con base en eso, la ley faculta a la Contraloría General de la República para fiscalizar y controlar los fondos de esas contrataciones, sin perjuicio de arbitraje.

La ley rige desde su publicación (art. 3).

A quién le toca

Al Ministerio de Educación Pública, que queda como prestatario responsable de ejecutar, administrar y adjudicar los contratos de adquisiciones de bienes, obras y servicios por medio del PROMECE (art. 3).

Al PROMECE, que recibe personalidad jurídica instrumental para contratar obra civil, tecnología informática, materiales didácticos, capacitación docente, suministros, asistencia técnica y consultoría (art. 1).

A la Contraloría General de la República, a la que la ley faculta para fiscalizar y controlar los fondos de las contrataciones que ejecute el prestatario (art. 3).

A las empresas y personas que vendan obra, tecnología, materiales o servicios al programa, porque esos contratos se adjudican bajo las reglas del préstamo 1010/OC-CR (art. 3).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no anota observaciones de la Procuraduría 2.

El texto consolidado que publica SINALEVI es el mismo que aprobó la Asamblea: tres artículos sobre la personalidad jurídica instrumental, su carácter transitorio y la fiscalización de la Contraloría 2.

La Ley 7731, que aprueba el préstamo con el Banco Interamericano de Desarrollo, también aparece como vigente en SINALEVI 3.

Frente a la Constitución

El artículo 182 de la Constitución ordena que los contratos para ejecutar obras públicas, las compras con fondos públicos y los arrendamientos de bienes del Estado se hagan mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto §Constitución, art. 182. La Ley 8321 no elimina la licitación: remite a la cláusula 1.04 del Anexo B del préstamo, que es el procedimiento de licitaciones, y faculta a la Contraloría para fiscalizar (art. 3). El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 11 de la Constitución dice que los funcionarios públicos son simples depositarios de la autoridad y no pueden arrogarse facultades no concedidas en la ley §Constitución, art. 11. La Ley 8321 fija por escrito qué puede contratar el programa y hasta cuándo puede hacerlo, y pone a la Contraloría a revisar los fondos (art. 1) (art. 2) (art. 3). El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 78 de la Constitución declara obligatoria la educación preescolar, general básica y diversificada, gratuita y costeada por la Nación §Constitución, art. 78. La ley se dirige a un programa de mejoramiento de la educación general básica y usa plata de un préstamo para materiales, capacitación y tecnología (art. 1). El Censo no encontró choque en ese punto.

Queda una duda sobre el artículo 2: la ley no fija una fecha para que se liquide el préstamo, así que la duración del poder para contratar depende de cuándo termine ese contrato (art. 2).

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto del programa o del MEP le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22.

En el escrito debe poner con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado o amenazado, el nombre del servidor u órgano autor y las pruebas de cargo. No hace falta citar la norma constitucional infringida §guía, p. 23.

Si lo que quiere es atacar la ley misma por chocar con la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad. Cabe contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para interponer una acción de inconstitucionalidad, por regla general debe existir un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa donde se invoque esa inconstitucionalidad. No hace falta ese caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos §guía, p. 24.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos del programa, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer personalmente en Sabana Sur, llamando al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr o por apartado postal 1179-1000 San José §guía, p. 68.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si una institución pública o sus funcionarios le maltrataron un derecho o interés §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactarlo §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuándo se liquidará el contrato de préstamo Nº 1010/OC-CR, así que no se puede saber cuándo se extingue la personalidad jurídica del programa.

El dossier no incluye el texto del contrato de préstamo ni de su Anexo B, así que no se puede detallar el procedimiento de licitación al que remite el artículo 3.

El dossier no dice cuánto dinero maneja el programa ni cuántos contratos ha firmado.