Una ley de 2003 le puso nombre al edificio del Centro Alajuelense de la Cultura

Qué cambia

La Ley 8361 le pone nombre al edificio donde funciona el Centro Alajuelense de la Cultura, en la ciudad de Alajuela. El nombre oficial es Centro Alajuelense de la Cultura, General Tomás Guardia Gutiérrez (art. 1).

La ley tiene un solo artículo. No crea instituciones, no da plata, no fija multas y no impone trámites a nadie (art. 1).

La norma rige desde su publicación. El Poder Ejecutivo la ejecutó y ordenó publicarla el 1 de julio de 2003 (art. 1) 2.

La Asamblea aprobó el proyecto el 11 de junio de 2003 en la Comisión Legislativa Plena Primera (art. 1).

A quién le toca

A las personas e instituciones que usan el nombre del edificio en documentos, rótulos o comunicaciones oficiales. La ley fija la denominación de ese inmueble en Alajuela (art. 1).

Al Centro Alajuelense de la Cultura, que funciona en ese edificio y ahora tiene un nombre legal para su sede (art. 1).

A nadie más. La ley no menciona a los vecinos de Alajuela, a los funcionarios de cultura ni a los visitantes del centro (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la número 1 de 1, y no anota observaciones de la Procuraduría 2.

El texto vigente en SINALEVI es el mismo que se aprobó en 2003. No hay reformas, correcciones ni derogatorias en el expediente 2 (art. 1).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró choque entre esta ley y la Constitución del dossier. La ley solo nombra un edificio público (art. 1).

El artículo 89 de la Constitución pone entre los fines culturales del Estado conservar y desarrollar el patrimonio histórico y artístico de la Nación §Constitución, art. 89. Nombrar un centro cultural calza con ese fin (art. 1).

El artículo 121, inciso 1, da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar leyes §Constitución, art. 121. La Ley 8361 salió de la Asamblea y el Poder Ejecutivo la sancionó, como pide el artículo 124 §Constitución, art. 124 (art. 1).

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o el órgano que aparece como autor del agravio. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22.

Si cree que una norma general choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para esa acción normalmente se necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa. No hace falta cuando se defienden intereses difusos o colectivos §guía, p. 24.

Si una institución pública le da un mal servicio relacionado con este centro, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes. Atiende asuntos por mal funcionamiento de los servicios de las instituciones públicas §guía, p. 71.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en ese centro, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La denuncia se presenta en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8025 o por el portal institucional §guía, p. 68.

Si quiere cambiar el nombre que fija esta ley, la vía es una iniciativa popular. Necesita reunir las firmas ciudadanas que exige la ley y el Tribunal Supremo de Elecciones las verifica §guía, p. 26.

La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto y seguir el procedimiento §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto costó el edificio ni quién lo administra.

El dossier no dice si el nombre ya se usaba antes de la ley.

El dossier no incluye el decreto de publicación en La Gaceta.