Funcionarios públicos ya no pueden cobrar dietas de juntas directivas

Qué cambia

La ley prohíbe que un funcionario público cobre dietas por estar en juntas directivas u otros órganos colegiados del Estado. La excepción es una sola: que no haya choque de horarios entre su jornada laboral y las sesiones de esos órganos (art. único).

El texto reforma el cuarto párrafo del artículo 17 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en la función pública, N° 8422, del 6 de octubre del 2004 (art. único).

La regla dice así: "quienes desempeñen un cargo dentro de la función pública, no podrán devengar dieta alguna como miembros de juntas directivas o de otros órganos colegiados pertenecientes a órganos, entes y empresas de la Administración Pública, salvo si no existe superposición horaria entre la jornada laboral y las sesiones de tales órganos" (art. único).

La ley también fija una regla para quienes no son funcionarios públicos. Una persona que no trabaja para el Estado puede integrar hasta tres juntas directivas u otros órganos colegiados al mismo tiempo y cobrar la dieta de cada cargo, siempre que no haya choque de horarios (art. único).

Si por interés público se necesita que esa persona integre más de tres juntas directivas u otros órganos colegiados, hace falta una autorización de la Contraloría General de la República (art. único).

La ley rige a partir de su publicación. La Presidencia de la República firmó en San José el 10 de mayo del 2005 (art. único).

A quién le toca

A toda persona que desempeñe un cargo dentro de la función pública y que además sea miembro de una junta directiva u otro órgano colegiado de un órgano, ente o empresa de la Administración Pública. Esa persona no puede cobrar dieta por ese segundo cargo, salvo que no haya superposición horaria (art. único).

A las personas que no son funcionarios públicos y que integran juntas directivas u otros órganos colegiados del Estado. Pueden cobrar dietas por hasta tres cargos simultáneos si no hay choque de horarios. Para más de tres necesitan autorización de la Contraloría General de la República (art. único).

A los regidores y las regidoras municipales, propietarios y suplentes; a los síndicos y las síndicas, propietarios y suplentes; a las personas miembros de los concejos de distrito; y a las personas miembros de los concejos municipales de distrito, propietarias y suplentes. Este grupo queda fuera de las reglas anteriores: la ley dice que "no se regirán por las disposiciones anteriores" (art. único).

Lo que se dijo en la Asamblea

Las grabaciones del dossier no tratan sobre el contenido de la Ley 8445. Tratan de otros proyectos de reforma a la ley contra la corrupción, presentados años después.

En la grabación del 4 de julio del 2012, los diputados Víctor Emilio Granados Calvo y Yolanda Cuña Castro presentaron un proyecto que reformaba 43 artículos de la ley contra la corrupción 00:00:08. Ese proyecto proponía ampliar las declaraciones juradas, proteger al denunciante y obligar al funcionario público a denunciar actos de corrupción 00:00:25.

En la grabación del 1 de octubre del 2013, la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, explicó que los ejes de esa reforma eran el régimen sancionatorio, la denuncia ciudadana, el derecho a la información pública, las incompatibilidades y el deber de abstención 00:01:11. Sobre el denunciante dijo: "el tema del denunciante es un tema esencial dentro del dentro de toda el eje de una ley o de todo el desarrollo de un país de prevenir y combatir la corrupción" 00:01:26.

La contralora general de la República, Marta Acosta, habló de las declaraciones juradas y de los convenios de la Contraloría con el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense, el Registro Nacional y el Cevi para hacer controles cruzados 00:02:08.

El fiscal general adjunto, Carlos María Jiménez, dijo que en términos generales estimaba "una correlación adecuada de la de la sanción penal que se establece con la acción que los las personas cometen en infracción de la ley" 00:03:09.

Ninguna de esas intervenciones menciona el artículo 17 ni las dietas de juntas directivas.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no registra observaciones de la Procuraduría General de la República 4.

El texto consolidado que publica SINALEVI coincide con el texto aprobado: reforma el cuarto párrafo del artículo 17 y le adiciona dos párrafos al final (art. único).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

La ley regula el desempeño simultáneo de cargos públicos y el cobro de dietas. La Constitución dedica el artículo 56 al trabajo como derecho y obligación social, y el artículo 57 al salario mínimo y a la igualdad de salario para trabajo igual §Constitución, art. 56 §Constitución, art. 57. La ley no toca ninguno de esos dos puntos: no fija salarios ni jornadas, solo limita el cobro de dietas por cargos simultáneos.

El artículo 58 de la Constitución fija la jornada diurna en ocho horas diarias y cuarenta y ocho a la semana §Constitución, art. 58. La ley usa la jornada laboral como referencia para decidir si hay superposición horaria, pero no la modifica (art. único).

Hay un punto que podría generar dudas. La ley deja fuera de sus reglas a regidores, síndicos y miembros de concejos de distrito (art. único). La Constitución dice que los regidores son elegidos por cuatro años y desempeñan sus cargos obligatoriamente §Constitución, art. 171, y que cada distrito está representado ante la municipalidad por un síndico propietario y un suplente con voz pero sin voto §Constitución, art. 172. La ley trata distinto a esos cargos de elección popular frente a los demás miembros de órganos colegiados. El Censo no encontró en el dossier una norma constitucional que obligue a tratarlos igual, así que la duda queda abierta.

Qué puede hacer usted

Si usted es funcionario público y le están pagando una dieta por una junta directiva, puede revisar si su jornada laboral se cruza con las sesiones de ese órgano. La ley solo permite el cobro cuando no hay superposición horaria (art. único).

Si usted no es funcionario público y integra más de tres juntas directivas u otros órganos colegiados del Estado, puede pedir la autorización a la Contraloría General de la República (art. único).

Si quiere denunciar un cobro de dietas que no corresponde, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer personalmente en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club; por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025; por el portal institucional de Denuncia Electrónica; por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr; o por apartado postal 1179-1000 San José §guía, p. 68.

Si una institución pública le niega información o le da un trato irregular relacionado con este tema, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo relacionado con esta ley, puede interponer un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Para interponerla se requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de la defensa de intereses difusos §guía, p. 24.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas personas cobran dietas por juntas directivas del Estado ni cuánto dinero está en juego.

El dossier no dice si la Contraloría General de la República ha emitido autorizaciones para integrar más de tres juntas directivas.

El dossier no incluye datos sobre cuántos funcionarios públicos tienen a la vez un cargo en una junta directiva del Estado.