El Estado dona un terreno en Heredia para 34 familias

Qué cambia

La ley autoriza al Estado a separar un terreno suyo y donarlo a una asociación de vivienda. El artículo 1 ordena segregar el inmueble inscrito en el Registro Público, matrícula N° 028157, secuencia 000 (art. 1). La donación va a la Asociación pro Vivienda del Segundo Milenio del Barrio Los Ángeles de Heredia, cédula de persona jurídica N° 3-002-223682.

El terreno es de repastos. Está en el distrito 3º, San Francisco, cantón 1 de Heredia (art. 1). Mide 6385.10 m2 según el plano catastrado N° H-676050-87, del 8 de abril de 1987. Tiene un frente de 38 m y 48 cm sobre calle pública.

El artículo 2 pone una condición: la asociación debe usar el inmueble para construir viviendas de interés social para treinta y cuatro familias (34) (art. 2). Esas familias las escoge la propia organización. Si un beneficiario no califica para el bono de vivienda, la asociación lo sustituye por otro que sí cumpla los requisitos del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.

El artículo 3 encarga la escritura. La Notaría del Estado debe otorgar la escritura pública de donación y la aceptación (art. 3). También debe tramitar la inscripción ante el Registro Público.

La ley rige desde su publicación (art. 3).

A quién le toca

A la Asociación pro Vivienda del Segundo Milenio del Barrio Los Ángeles de Heredia. Recibe el terreno y queda obligada a destinarlo a vivienda de interés social (art. 2).

A treinta y cuatro familias. Son las que la asociación seleccione para las viviendas (art. 2).

A la Notaría del Estado. Le toca otorgar la escritura de donación y la aceptación, e inscribirla en el Registro Público (art. 3).

A los vecinos colindantes del distrito 3º de San Francisco de Heredia. El artículo 1 los nombra uno por uno como linderos del terreno (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la número 1 de 1, y no le pone observaciones 2.

El texto consolidado que publica SINALEVI es el mismo que aprobó la Asamblea. No hay una versión anterior distinta que comparar 2.

Frente a la Constitución

El artículo 45 protege la propiedad y permite privar a alguien de lo suyo solo por interés público comprobado, con indemnización previa §Constitución, art. 45. Aquí el Estado es el dueño del terreno y lo entrega por donación, no lo expropia a un particular (art. 1). El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 121 da a la Asamblea la atribución de dictar leyes §Constitución, art. 121. La ley 8486 es una ley de la Asamblea que autoriza un acto específico del Estado (art. 1). Calza con esa atribución.

El artículo 50 manda al Estado procurar el mayor bienestar y el más adecuado reparto de la riqueza §Constitución, art. 50. La ley destina el terreno a vivienda de interés social para 34 familias (art. 2). Esa finalidad va en la misma dirección.

Hay una duda posible. El artículo 2 deja en manos de la asociación la selección de las 34 familias (art. 2). La ley no fija criterios públicos de escogencia ni un mecanismo de reclamo para quien quede fuera. El Censo no encontró una norma constitucional del dossier que exija esos criterios, así que lo deja como duda de transparencia, no como choque.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de la asociación o del Estado le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación §guía, p. 22. Si se trata de un derecho puramente patrimonial, el plazo es de dos meses desde que usted tuvo noticia fehaciente de la violación.

El escrito debe decir con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23. No necesita citar la norma constitucional infringida.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional.

Para interponerla, el artículo 75 pide un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa donde se invoque la inconstitucionalidad §guía, p. 24. No se necesita ese caso pendiente cuando no hay lesión individual y directa, o cuando se defienden intereses difusos.

Si sospecha un manejo irregular de recursos públicos en la donación o en la construcción, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de fondos públicos de las instituciones del Estado.

La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur §guía, p. 68. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por el portal de Denuncia Electrónica.

Si una institución pública le falla en el servicio, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja.

Si quiere cambiar la ley, existe la iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice si la donación ya se inscribió ni si las 34 familias ya fueron seleccionadas.

El dossier no dice con qué criterios la asociación escoge a las familias.

El dossier no dice cuánto vale el terreno ni cuánto cuesta la construcción de las viviendas.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.