Los consejos de distrito ahora reciben quejas contra funcionarios públicos

Qué cambia

La ley 8489 agregó al Código Municipal una tarea nueva para los consejos de distrito: promover la eficiencia del sector público y velar por ella dentro de su distrito (art. 1).

El artículo 1 también agregó un inciso h) al artículo 57 del Código Municipal. Ese inciso ordena a los consejos "Recibir toda queja o denuncia, que sea de su conocimiento, sobre la ilegalidad _ o arbitrariedad de una actuación material, acto, omisión o ineficiencia de las personas funcionarias públicas, trasladarla ante el órgano o ente público que corresponda y darles seguimiento, hasta la resolución final, a los casos que lo ameriten" (art. 1).

Cualquier persona interesada puede ir al consejo de distrito a plantear quejas, reclamos o denuncias, siempre que el asunto esté dentro de la jurisdicción del consejo (art. 2).

La solicitud no lleva formalidades especiales. Se puede presentar de forma verbal o escrita y no tiene costo alguno. La persona reclamante debe dar su nombre, sus calidades y su domicilio exactos, y exponer los hechos y la prueba que pueda aportar (art. 3).

Si la denuncia es verbal, la persona denunciante rinde declaración ante el consejo. El consejo levanta un acta, la firma quien denuncia y la remite al órgano o ente que corresponda (art. 3).

El consejo acusa recibo de las quejas y tiene amplia discrecionalidad para darles curso o rechazarlas. Si rechaza, orienta a la persona denunciante sobre las vías para reclamar sus derechos, si lo considera necesario. También lleva un registro de las quejas (art. 3).

Cuando el consejo acoge la queja, la traslada al órgano o ente que corresponda dentro de los cinco días hábiles siguientes. Ese órgano debe tramitar el recibido, iniciar las acciones para atenderla, corregir la actuación de la administración si es del caso y abrir el procedimiento ordinario de la Ley general de Administración Pública si se requiere (art. 4).

La institución que recibe la denuncia debe informar al consejo de distrito, dentro de los diez días hábiles siguientes, qué tipo de curso o acción tomó y los fundamentos de la decisión (art. 4).

Si el asunto viene de servicios prestados por particulares con un acto administrativo habilitante, el consejo puede pedir a las autoridades administrativas competentes que ejerzan sus potestades de inspección y sanción (art. 4).

Si el consejo tiene noticia de hechos presuntamente delictivos, los pone en conocimiento del Ministerio Público (art. 4).

Cuando se abre el procedimiento administrativo, el órgano que investiga debe informar y notificar al consejo de distrito todo lo que pase en el proceso, con los mismos plazos que la ley da a las partes (art. 5).

Las instituciones públicas están obligadas a colaborar con los consejos de distrito y a darles la información cuando la pidan. Los consejos pueden ver cualquier documento público, salvo secretos de Estado y documentos confidenciales según la ley (art. 6).

Si un funcionario se niega a atender una gestión, contestar o enviar documentación, debe fundamentar la negativa por escrito y comunicarla al consejo que hizo el requerimiento. Si el consejo considera que la negativa fue arbitraria o no ajustada a derecho, informa a la Defensoría de los Habitantes y ejerce las acciones del ordenamiento jurídico (art. 7).

Las municipalidades, en la medida de sus posibilidades, facilitan a los consejos de distrito los recursos para cumplir sus funciones. También promueven convenios con la Defensoría de los Habitantes para apoyar esa tarea (art. 8).

En los distritos donde hay concejo municipal de distrito, ese concejo asume la atribución que esta ley da a los consejos de distrito (art. 9).

Los consejos de distrito invitan a las asociaciones de desarrollo comunal del distrito a designar una persona representante ante el consejo. Esa persona participa con derecho a voz pero sin voto en las sesiones sobre quejas de ciudadanos. Los consejos también pueden hacer convenios con asociaciones comunales para obtener su colaboración (art. 10).

Si el consejo de distrito omite recibir o dar seguimiento a una queja, esa función la asume el concejo municipal cuando el caso lo amerite (art. 11).

La ley también agregó un segundo párrafo al artículo 4 de la Ley general de concejos municipales de distrito, N° 8173. Ese texto dice que los concejos municipales de distrito, sin perjuicio de las atribuciones de otras instituciones del Estado, "promoverán la eficiencia de la actividad del sector público y velarán por ella" (art. 12).

La ley rige a partir de su publicación (art. 12).

A quién le toca

A cualquier persona interesada que viva o tenga un asunto dentro de la jurisdicción de un consejo de distrito. Puede presentar quejas, reclamos o denuncias contra funcionarios públicos, de forma verbal o escrita y sin costo (art. 2) (art. 3).

A los consejos de distrito. Deben recibir las quejas, acusar recibo, llevar un registro, trasladarlas al órgano correspondiente dentro de cinco días hábiles y darles seguimiento hasta la resolución final (art. 1) (art. 3) (art. 4).

A los órganos y entes públicos. Deben tramitar el recibido de la denuncia, iniciar acciones para atenderla, informar al consejo en diez días hábiles y colaborar con la información que se les pida (art. 4) (art. 6).

A las personas funcionarias públicas. Si se niegan a atender una gestión del consejo, deben fundamentar la negativa por escrito. El consejo puede informar a la Defensoría de los Habitantes (art. 7).

A las municipalidades. En la medida de sus posibilidades, facilitan recursos a los consejos de distrito y promueven convenios con la Defensoría de los Habitantes (art. 8).

A los concejos municipales de distrito. Asumen la atribución cuando existen en el distrito, y también asumen la función si el consejo de distrito omite recibir o dar seguimiento a una queja (art. 9) (art. 11).

A las asociaciones de desarrollo comunal. Los consejos de distrito las invitan a designar una persona representante con voz pero sin voto en las sesiones sobre quejas (art. 10).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 8489 está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no tiene observaciones 2.

El texto consolidado que publica SINALEVI es el mismo que aprobó la Asamblea. No hay una versión anterior distinta que mostrar 2 (art. 1).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 169 de la Constitución pone la administración de los intereses y servicios locales de cada cantón a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley 8489 trabaja dentro de esa estructura: crea una función para los consejos de distrito, que son parte del gobierno local, y no le quita potestades al municipio (art. 1).

El artículo 170 dice que las corporaciones municipales son autónomas §Constitución, art. 170. La ley les pide a las municipalidades facilitar recursos a los consejos "en la medida de sus posibilidades" (art. 8). Esa frase deja la decisión de gastar en manos del municipio, así que no se ve una imposición de gasto desde afuera.

El artículo 49 establece la jurisdicción contencioso-administrativa para garantizar la legalidad de la función administrativa §Constitución, art. 49. La ley 8489 no sustituye esa vía: el consejo traslada la queja al órgano correspondiente y este abre el procedimiento de la Ley general de Administración Pública si se requiere (art. 4).

El artículo 24 protege la intimidad y los documentos privados §Constitución, art. 24. La ley permite a los consejos ver documentación administrativa, pero deja por fuera los secretos de Estado y los documentos confidenciales según la ley (art. 6). Esa excepción reduce el riesgo de choque.

Hay una duda posible. El artículo 3 le da al consejo "amplia discrecionalidad" para dar curso o rechazar un reclamo (art. 3). El artículo 49 de la Constitución protege los derechos e intereses legítimos de los administrados §Constitución, art. 49. Si un rechazo se da sin motivación, una persona podría alegar que se le cerró la vía sin explicación. El texto no detalla cómo se motiva ese rechazo.

Qué puede hacer usted

Si un funcionario público le falla o actúa de forma ilegal en su distrito, vaya al consejo de distrito. Puede llevar la queja de forma verbal o escrita, sin costo y sin abogado. Debe dar su nombre, sus calidades, su domicilio exactos, los hechos y la prueba que tenga (art. 3).

Pida al consejo un comprobante de recibo de su queja. La ley obliga al consejo a acusar recibo y a llevar un registro (art. 3).

Si el consejo acoge la queja, pregunte cuándo la trasladó y a qué institución. El plazo es de cinco días hábiles (art. 4).

Si la institución no le responde al consejo en diez días hábiles, puede volver al consejo para que dé seguimiento (art. 4).

Si el consejo rechaza su queja o no le da seguimiento, puede acudir al concejo municipal. La ley dice que el concejo asume la función cuando el consejo de distrito omite recibir o dar seguimiento a una queja (art. 11).

Si un funcionario se niega a colaborar con el consejo, pida que el consejo informe a la Defensoría de los Habitantes (art. 7). La Defensoría protege los derechos e intereses de las personas ante el mal funcionamiento de las instituciones públicas §guía, p. 71.

Si el problema es el manejo de fondos públicos, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer en persona en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si un acto concreto de una institución viola un derecho fundamental suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

Si quiere cambiar esta ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto se presenta ante el Tribunal Supremo de Elecciones y luego pasa a la Asamblea Legislativa §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántos consejos de distrito hay en el país ni cuántos han recibido quejas desde que rige la ley.

El dossier no dice si las municipalidades han firmado convenios con la Defensoría de los Habitantes como pide el artículo 8.

El dossier no dice cuánto cuesta poner a funcionar esta función en cada distrito.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.