La ley 8500 cambió quién prueba ser adulto mayor y borró un artículo

Qué cambia

La ley 8500 reformó tres artículos de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, la 7935 del 25 de octubre de 1999, y eliminó uno. Rige desde su publicación, el 28 de abril de 2006 (art. 2).

El artículo 8 ahora dice quiénes son los beneficiarios directos: las personas adultas mayores. Para probar su derecho deben presentar la cédula de identidad, la cédula de residencia o el pasaporte, este último si son extranjeras (art. 1).

El primer párrafo del artículo 11 repite esa regla para los beneficios. Toda persona adulta mayor, con cédula de identidad si es costarricense, o con cédula de residencia o pasaporte si es extranjera, goza de los beneficios que el Órgano rector negocie con el sector público, los concesionarios públicos o las empresas privadas (art. 1).

El inciso h) del artículo 35 encarga al Consejo una tarea nueva: llevar un registro actualizado de las personas físicas y jurídicas acreditadas por el Ministerio de Salud para brindar servicios a las personas adultas mayores (art. 1).

El artículo 2 deroga el artículo 10 de la ley 7935 (art. 2). El dossier no incluye el texto de ese artículo 10, así que no se puede decir qué contenía.

A quién le toca

A las personas adultas mayores, que son las beneficiarias directas de la ley y deben mostrar cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte para recibir los beneficios (art. 1).

A las personas adultas mayores extranjeras, que pueden usar cédula de residencia o pasaporte en lugar de la cédula nacional (art. 1).

Al Órgano rector de la ley, que debe negociar los beneficios con el sector público, los concesionarios públicos y las empresas privadas (art. 1).

Al Consejo, que debe llevar el registro de personas físicas y jurídicas acreditadas por el Ministerio de Salud para dar servicios a personas adultas mayores (art. 1).

Lo que se dijo en la Asamblea

La grabación disponible no trata sobre la ley 8500. Trata sobre el expediente 22 448, una reforma a la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor para reconocer el envejecimiento prematuro de las personas con síndrome de Down 00:00:10.

Según la grabación, esa propuesta la promovió la Asociación Costarricense de Personas con Síndrome de Down y la firmaron casi 40 diputados y diputadas 00:00:47.

Una persona que habla en la grabación, sin que el transcript registre su nombre, dijo: "el lunes el 21 de marzo se conmemora y se celebra el día internacional de las personas con síndrome de dawn" 00:01:08.

La misma grabación menciona otros expedientes ajenos a la ley 8500: el 21 566 sobre multas de tránsito 00:01:28, el 22 394 sobre firmas digitales 00:03:11 y el 22 450 sobre exoneración de pago en La Gaceta 00:03:24.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 8500 está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma y no anota observaciones de la Procuraduría 3.

El texto consolidado que publica SINALEVI coincide con el texto aprobado: reforma los artículos 8, 11 y 35 y deroga el artículo 10 (art. 1) (art. 2).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque entre la ley 8500 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

La ley se tramitó y publicó como ley de la República, que es lo que pide el artículo 124: dos debates, aprobación de la Asamblea, sanción del Poder Ejecutivo y publicación en La Gaceta §Constitución, art. 124.

El artículo 50 ordena al Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes §Constitución, art. 50. La ley 8500 da beneficios a las personas adultas mayores y pide un registro de quienes les brindan servicios, lo que va en esa dirección (art. 1).

El artículo 73 establece los seguros sociales para proteger a los trabajadores contra los riesgos de vejez, entre otros §Constitución, art. 73. La ley 8500 no toca esos seguros ni los fondos de la Caja Costarricense de Seguro Social.

Qué puede hacer usted

Esta ley ya rige. Las vías para actuar son las de una ley vigente, no las de un proyecto en discusión.

Si una institución pública le niega un beneficio por su edad o le pone trabas que la ley no pide, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo y se plantea contra el servidor o titular del órgano que causa el agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22.

Si cree que la ley 8500 choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras normas que violen la Constitución §guía, p. 24.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público relacionado con estos beneficios, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si lo que quiere es cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactarlo §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no incluye el texto del artículo 10 que la ley 8500 derogó, así que no se puede decir qué derecho o trámite eliminó.

El dossier no dice qué beneficios concretos ha negociado el Órgano rector con el sector público, los concesionarios o las empresas privadas.

El dossier no indica cuántas personas están inscritas en el registro del inciso h) del artículo 35 ni cómo se consulta.

La grabación V1 no corresponde a la ley 8500, así que no hay debate legislativo de esta ley en el material disponible.