Multas por llamadas falsas al 911: 25% del salario base

Qué cambia

La Ley 8768 reforma los artículos 16, 17, 18 y 20 de la Ley 7566, que creó el Sistema de Emergencias 9-1-1 (art. único). El cambio principal es que ahora se multa al titular del servicio telefónico por las llamadas indebidas que se hagan desde su línea (art. 17).

El artículo 16 prohíbe usar el 9-1-1 para llamadas indebidas o falsas emergencias. Son indebidas las llamadas con contenidos insultantes, bromistas, obscenos, deliberadamente falsas y, en general, las que con un juicio razonable no buscan reportar una emergencia (art. 16).

El artículo 17 fija la multa: un 25% del salario base de un oficinista 1, según el artículo 2 de la Ley 7337, por la primera llamada indebida en un mes calendario desde el mismo servicio telefónico. Cada llamada indebida adicional en ese mismo mes se multa con un 5% más de un salario base (art. 17). La multa se aplica al titular del servicio telefónico, porque es el responsable directo del buen uso de la línea.

Quedan excluidas de la multa las llamadas hechas por personas con discapacidad mental, de cualquier edad (art. 17).

El artículo 18 da un debido proceso antes de la multa. El órgano director del procedimiento debe dar audiencia al titular del servicio por cinco días hábiles para que presente alegatos y pruebas. Luego, el órgano competente tiene tres días hábiles improrrogables para dictar el acto final.

El artículo 18 también dice que la información del sistema informático del 9-1-1 y otras pruebas técnicas sirven como prueba plena de la llamada indebida (art. 18).

El artículo 20 destina la plata del recaudo al presupuesto del Servicio de Emergencias 911. Ese dinero se usa para campañas educativas sobre el uso correcto del 9-1-1 y para mejorar las comunicaciones con bomberos, la Cruz Roja, la Caja, las municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias, el PANI, el INAMU y otras instituciones de atención de emergencias (art. 20). La norma dice que el procedimiento se rige por la Ley 6227, de Procedimiento Administrativo, y que las multas se cobran por la vía ejecutiva (art. 18).

A quién le toca

A cualquier persona titular de un servicio telefónico, sea fijo o móvil, porque la multa se aplica al titular de la línea desde donde salen las llamadas indebidas (art. 17).

A las personas con discapacidad mental, que quedan excluidas de la multa por sus llamadas (art. 17).

A las instituciones que reciben plata del recaudo: el Cuerpo de Bomberos, la Cruz Roja Costarricense, la Caja Costarricense de Seguro Social, las municipalidades, la Comisión Nacional de Emergencias, el Patronato Nacional de la Infancia y el Instituto Nacional de las Mujeres (art. 20).

A la Comisión Coordinadora del 9-1-1, que debe valorar los proyectos de esas instituciones al preparar el presupuesto y decidir cuáles financia (art. 20).

Lo que se dijo en la Asamblea

No hay grabaciones en el dossier sobre la discusión de esta ley en particular. La grabación disponible es de una comisión de salud de 2017 sobre otro tema 00:00:00.

Cómo está hoy según SINALEVI

La Ley 8768 está vigente y no tiene observaciones de la Procuraduría General de la República 3. SINALEVI muestra una sola versión de la norma, la versión 1 de 1.

El artículo 16 de la Ley 7566 que cita SINALEVI tiene un texto distinto al de la Ley 8768. La versión vigente de la Ley 7566, reformada en 2018 por la Ley 9547, prohíbe las llamadas o reportes indebidos de falsas emergencias y considera indebidos los contenidos insultantes, bromistas, obscenos, deliberadamente falsos y los que no buscan reportar emergencias 4. La Ley 8768 mantiene la misma idea pero habla solo de llamadas, no de reportes (art. 18).

Lo que cambia en su bolsillo

La multa no es un monto fijo en colones. Se calcula como un porcentaje del salario base de un profesional 1, que se define cada año en el Presupuesto Ordinario de la República.

La primera llamada indebida en un mes cuesta un 25% de ese salario base. La segunda y las siguientes cuestan un 5% adicional cada una (art. 17).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 8768 y los artículos de la Constitución que están en el dossier. La ley regula el uso de un servicio público de emergencias y fija una multa administrativa, algo que la Asamblea puede hacer §Constitución, art. 121.

Hay una posible duda sobre el artículo 18, que usa la información del sistema de cómputo del 9-1-1 como prueba plena. La Constitución no está en el dossier un artículo que regule específicamente la prueba en procedimientos administrativos, así que no se puede afirmar un choque §Constitución, art. 121.

Otra posible duda es que la multa se aplica al titular de la línea aunque la llamada la haya hecho otra persona. La Constitución no tiene un artículo en el dossier sobre responsabilidad por hecho ajeno en materia administrativa §Constitución, art. 121.

Qué puede hacer usted

Si le ponen una multa por una llamada que no hizo usted, puede presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional si considera que se violó su derecho de defensa. El amparo se presenta contra el servidor o el órgano que dictó la multa §guía, p. 22.

Puede pedir audiencia y presentar pruebas de descargo dentro de los cinco días hábiles que da el artículo 18 (art. 18).

Si la multa ya es firme y cree que la ley es inconstitucional, puede presentar una acción de inconstitucionalidad, pero necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa §guía, p. 24.

Puede denunciar ante la Contraloría General de la República si sospecha que la plata de las multas no se usa para lo que dice el artículo 20 §guía, p. 68.

Puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes si el trato recibido en el procedimiento de multa le parece irregular §guía, p. 71.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto es el salario base de un oficinista 1 para el año en curso.

El dossier no dice cuántas multas se han puesto desde que rige la ley.

El dossier no dice si la Ley 8768 fue reglamentada.