Nuevo techo del 20% para préstamos de bancos a instituciones públicas

Qué cambia

La ley 8770 reformó el inciso 5) del artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional (Ley 1644) y el artículo 135 de la Ley Orgánica del Banco Central (Ley 7558) (art. 1).

El nuevo texto del artículo 61 permite a los bancos comerciales hacer operaciones de crédito e inversiones para las necesidades financieras del Estado y de las instituciones de derecho público. Pero pone un límite: cada banco comercial del Estado, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal y cada banco privado domiciliado en el país no pueden prestar más del veinte por ciento (20%) de su capital y sus reservas (art. 1).

Ese techo del 20% tiene excepciones. No se aplica a los préstamos que se hagan al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) ni a las garantías sobre créditos que se otorguen en el exterior a esa institución. Tampoco a los préstamos al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) para alcantarillado, tratamiento de aguas y agua potable. Ni a los préstamos a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) para construir infraestructura hospitalaria, clínicas, Equipos básicos de atención integral en salud (Ebais) y su equipamiento (art. 1).

Para esas excepciones se aplican las disposiciones del artículo 135 de la Ley Orgánica del Banco Central (art. 1).

El Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero definirá, mediante reglamento, las normas generales para supervisar el cumplimiento efectivo de los límites (art. 1).

También quedan exceptuados los préstamos a las instituciones oficiales encargadas de regular los precios de los artículos de primera necesidad (art. 1).

El artículo 2 reforma el artículo 135 de la Ley Orgánica del Banco Central. Ahí se establece que el Consejo Directivo de la Superintendencia fijará los límites de las operaciones activas, directas o indirectas, que los intermediarios financieros podrán realizar con cada persona natural o jurídica (art. 2).

El límite máximo general será del veinte por ciento (20%) del capital suscrito y pagado, así como de las reservas patrimoniales no redimibles de la entidad financiera (art. 2).

Dentro de esos parámetros, las entidades podrán fijar internamente sus propios máximos (art. 2).

Para el Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi), la Superintendencia General de Entidades Financieras (Sugef) podrá autorizar un límite máximo del cuarenta por ciento (40%). En ese caso, la Superintendencia fiscalizará que el aumento no implique que el Banhvi discrimine entre las diferentes mutuales del país (art. 2).

Se exceptúan del límite del 20% las operaciones e inversiones que los intermediarios financieros realicen en el Banco Central, el Ministerio de Hacienda y en deuda soberana de países con calificación de grado de inversión igual o superior a AA (art. 2).

Las operaciones activas, directas e indirectas, realizadas con grupos de interés económico deberán computarse dentro de los límites establecidos. El Consejo Directivo de la Sugef definirá mediante reglamento el concepto de grupo de interés económico y establecerá sus regulaciones (art. 2).

Hay una excepción para el grupo de interés económico en el que participe el ICE: tendrá como límite máximo el treinta por ciento (30%) del capital suscrito y pagado, así como de las reservas patrimoniales no redimibles de la entidad financiera (art. 2).

El total del financiamiento a empresas o a grupos de interés económico vinculados a la entidad financiera, por propiedad o gestión, no podrá exceder del ochenta por ciento (80%) del capital social suscrito y pagado y las reservas patrimoniales no redimibles de esta (art. 2).

La ley rige a partir de su publicación (art. 2).

A quién le toca

A los bancos comerciales del Estado, al Banco Popular y de Desarrollo Comunal y a los bancos privados domiciliados en el país. Todos tienen un límite del 20% de su capital y reservas para prestar al Estado y a instituciones de derecho público (art. 1).

Al Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). Sus préstamos y las garantías sobre créditos en el exterior no tienen el límite del 20% (art. 1).

Al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA). Sus préstamos para alcantarillado, tratamiento de aguas y agua potable quedan fuera del límite del 20% (art. 1).

A la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Sus préstamos para infraestructura hospitalaria, clínicas, Ebais y equipamiento quedan fuera del límite del 20% (art. 1).

A las instituciones oficiales encargadas de regular los precios de los artículos de primera necesidad. Sus préstamos también quedan exceptuados (art. 1).

A los intermediarios financieros en general. Deben respetar el límite del 20% del capital suscrito y pagado más reservas patrimoniales no redimibles en sus operaciones con cada persona natural o jurídica (art. 2).

Al Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi). La Sugef podrá autorizarle un límite del 40%, con fiscalización para que no discrimine entre mutuales (art. 2).

A los grupos de interés económico. Sus operaciones se computan dentro de los límites, y el Consejo Directivo de la Sugef definirá el concepto mediante reglamento (art. 2).

Al grupo de interés económico en el que participe el ICE. Tendrá un límite máximo del 30% del capital y reservas de la entidad financiera (art. 2).

A las empresas o grupos de interés económico vinculados a una entidad financiera por propiedad o gestión. El total de su financiamiento no podrá exceder del 80% del capital social suscrito y pagado y las reservas patrimoniales no redimibles de esa entidad (art. 2).

Lo que se dijo en la Asamblea

En la grabación de la aprobación en primer debate, una voz dice que el plenario aprobó el proyecto 21.000 355, que reforma la ley orgánica del banco central y la ley orgánica del sistema bancario nacional 00:00:09.

Esa misma voz explica que la reforma busca que las entidades financieras realicen una supervisión consolidada al otorgar créditos y evitar casos como el de la chamber y el del crédito del cemento chino 00:00:23.

La voz también dice que con la propuesta se busca cumplir con los estándares establecidos por la organización para la cooperación y desarrollo económicos 00:00:31.

Sobre el secreto bancario, la voz afirma que la iniciativa establece sanciones para quien viole el secreto bancario y agrava las multas cuando la información confidencial se utilice, disponga o comparta de forma incorrecta 00:00:58.

En otra grabación, sobre la ley 7558 de 1995, el exdiputado Rodolfo Brenes dice que la reforma quitó el monopolio estatal sobre los depósitos y quitó las manos del Banco Central en temas hacendarios 00:27:00.

Brenes también recuerda que se negoció con los sindicatos bancarios y se les garantizó que no habría despidos masivos ni privatización de los bancos del Estado 00:15:31.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 8770 está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la versión 1 de 1, y no tiene observaciones 4.

El texto consolidado que publica SINALEVI es el mismo que se aprobó: reforma el inciso 5) del artículo 61 de la Ley 1644 y el artículo 135 de la Ley 7558 (art. 1) (art. 2).

La Ley 1644 sigue vigente 5. La Ley 7558 también sigue vigente 6.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la ley 8770 y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 188 de la Constitución dice que las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno §Constitución, art. 188. La ley 8770 fija límites de crédito mediante una reforma legal, lo que calza con esa sujeción a la ley.

El artículo 184 de la Constitución encarga a la Contraloría General de la República fiscalizar la ejecución y liquidación de los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República §Constitución, art. 184. La ley 8770 no toca esas funciones de la Contraloría.

El artículo 50 de la Constitución dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza §Constitución, art. 50. La ley 8770 regula el crédito bancario, una herramienta que puede relacionarse con ese fin, pero el texto no ordena nada directamente sobre el bienestar.

El artículo 33 de la Constitución prohíbe la discriminación contraria a la dignidad humana §Constitución, art. 33. La ley 8770 ordena a la Superintendencia fiscalizar que el aumento del 40% para el Banhvi no implique discriminación entre mutuales (art. 2). Esa prevención calza con el artículo 33.

El artículo 121 de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la atribución de dictar las leyes y reformarlas §Constitución, art. 121. La ley 8770 se aprobó por esa vía.

Qué puede hacer usted

Si un banco o una institución pública incumple los límites de crédito que fija la ley 8770, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos y revisa los contratos de las instituciones públicas §guía, p. 68.

Puede llamar a los teléfonos 2501-8000 (central telefónica) o al 2501-8025 (Área de Denuncias e Investigaciones) §guía, p. 68.

También puede presentar la denuncia por el portal institucional de Denuncia Electrónica o enviarla al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si una institución pública le da un mal servicio relacionado con un crédito o una operación financiera, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si considera que un acto concreto de una entidad financiera pública viola un derecho fundamental, puede interponer un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El recurso de amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

Si cree que la ley 8770 tiene un problema de fondo frente a la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. La guía explica que procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

La acción de inconstitucionalidad requiere, por regla general, que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa §guía, p. 24.

Si quiere proponer una reforma a la ley 8770, puede usar la iniciativa popular. La guía explica que la Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar proyectos y seguir los procedimientos §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto tiempo tardó la discusión de la ley 8770 en la Asamblea Legislativa.

El dossier no incluye el texto completo de la Ley 1644 ni de la Ley 7558, solo los artículos reformados.

El dossier no dice si la ley 8770 tuvo alguna observación de la Procuraduría General de la República.

El dossier no incluye el reglamento que debe emitir el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero para supervisar los límites.

El dossier no dice cuál es el monto en colones del capital y las reservas de cada banco para calcular el 20%.