Alcalde puede dar permisos sin salario hasta por seis meses

Qué cambia

La ley 9080 reforma el artículo 145 del Código Municipal y fija las reglas para dar permisos sin goce de salario en las municipalidades (art. único). El alcalde puede conceder esos permisos hasta por seis meses. Ese plazo se puede prorrogar una sola vez, por un plazo igual.

Antes de concederlo, el alcalde debe consultar al solicitante y verificar que no se perjudique el funcionamiento de la municipalidad (art. único).

Quien ya disfrutó un permiso sin goce de salario no puede obtener otro hasta que pase un período igual al doble del tiempo del permiso anterior (art. único).

Para pedir el permiso, el servidor debe tener como mínimo un año de laborar para la municipalidad (art. único).

Hay una excepción. Si un funcionario municipal es nombrado en un puesto de elección popular o de confianza, se le puede dar permiso sin goce de salario hasta por cuatro años (art. único). Ese permiso se puede prorrogar hasta por un plazo igual.

La ley se publicó en La Gaceta en formato digital, según la Procuraduría General de la República 2. No indica fecha de rige, así que empieza a regir diez días después de su publicación, según el artículo 129 de la Constitución Política.

A quién le toca

A los servidores municipales que quieran pedir un permiso sin goce de salario. Deben tener al menos un año de laborar para la municipalidad (art. único).

A los funcionarios municipales nombrados en un puesto de elección popular o de confianza. Ellos pueden recibir un permiso sin goce de salario hasta por cuatro años, prorrogable hasta por un plazo igual (art. único).

Al alcalde, que es quien concede el permiso. Debe consultar al solicitante y verificar que no se perjudique el funcionamiento municipal (art. único).

A cualquier persona que ya haya disfrutado un permiso sin goce de salario. No puede obtener otro hasta que pase un período igual al doble del tiempo del permiso anterior (art. único).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 9080 está vigente, en su versión 1 de 1 2. La Procuraduría General de la República anota que se publicó en formato digital en La Gaceta.

SINALEVI muestra un texto distinto en el Código Municipal. El artículo 145 vigente del Código Municipal trata sobre la evaluación o calificación anual de servicios 3. Ese texto dice que esa evaluación sirve para el reclutamiento, la capacitación, los ascensos, el aumento de sueldo, la concesión de permisos y las reducciones forzosas de personal.

Ese artículo 145 del Código Municipal fue corrido de numeración por el artículo 1° de la ley N° 9542, "Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal", del 23 de abril del 2018 3. Antes era el artículo 136.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la ley 9080 y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 169 de la Constitución dice que la administración de los intereses y servicios locales en cada cantón está a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley 9080 le da al alcalde la potestad de conceder permisos sin goce de salario (art. único). Esa potestad encaja con la organización del gobierno local que describe la Constitución.

El artículo 170 dice que las corporaciones municipales son autónomas §Constitución, art. 170. La ley 9080 no toca esa autonomía. Solo regula permisos de personal.

El artículo 56 dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad §Constitución, art. 56. El permiso sin goce de salario es una pausa voluntaria en el trabajo, pedida por el propio servidor. No lo obliga a nadie.

El artículo 58 fija la jornada ordinaria de trabajo §Constitución, art. 58. La ley 9080 no cambia jornadas ni salarios. Solo regula ausencias sin pago.

Qué puede hacer usted

Si es funcionario municipal y le negaron un permiso sin goce de salario sin explicar por qué, puede presentar un recurso de amparo. El amparo procede contra actos arbitrarios y contra actuaciones fundadas en normas mal interpretadas o mal aplicadas §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo.

El recurso se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos.

Si cree que la ley 9080 tiene un problema de fondo, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Para interponerla se requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Si la municipalidad maneja mal los recursos públicos al dar estos permisos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos y revisa los presupuestos de las municipalidades §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si la municipalidad le da un mal servicio o actúa de forma irregular, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71. La Defensoría protege los derechos e intereses de las personas ante las actuaciones irregulares de las instituciones públicas.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántos funcionarios municipales han usado este permiso desde que rige la ley.

El dossier no dice si la reforma del artículo 145 del Código Municipal por la ley 9080 sigue en el texto consolidado, o si otra ley posterior la modificó.

El dossier no incluye el texto del artículo 129 de la Constitución, que la Procuraduría cita para fijar la entrada en vigencia.