Ley 9093 amplía lista de funcionarios que declaran bienes ante Contraloría

Qué cambia

La ley 9093 reforma el artículo 21 de la Ley 8422, que trata sobre los funcionarios obligados a declarar su situación patrimonial. (art. único) El cambio principal es que ahora se incluye a más puestos en la lista de quienes deben presentar esa declaración ante la Contraloría General de la República.

El artículo reformado enumera los funcionarios obligados. Entre ellos están los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente y los vicepresidentes de la República, los ministros y viceministros, los magistrados del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, los jueces, el contralor y el subcontralor, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto, el fiscal general y los fiscales, los rectores y contralores de las universidades estatales, el regulador general, los superintendentes, los oficiales mayores de los ministerios, los miembros de juntas directivas, los presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes, auditores internos y titulares de proveedurías de la Administración Pública y empresas públicas, así como los regidores y alcaldes municipales. (art. único)

También deben declarar los empleados de aduanas, los que tramitan licitaciones públicas, los que custodien, administren, fiscalicen o recauden fondos públicos, los que establezcan rentas o ingresos para el Estado y los que aprueben o autoricen erogaciones con fondos públicos. (art. único) El reglamento de la ley podrá incluir a empleados de sujetos de derecho privado que administren, custodien o sean concesionarios de fondos, bienes y servicios públicos.

El contralor y el subcontralor generales de la República enviarán copia fiel de sus declaraciones a la Asamblea Legislativa. (art. único) La Asamblea tendrá, respecto de estos funcionarios, las mismas facultades que la ley asigna a la Contraloría General en relación con los demás servidores públicos.

La ley rige a partir de su publicación. (art. único) Fue dada en la Presidencia de la República, San José, a los diecinueve días del mes de octubre del año dos mil doce.

A quién le toca

La obligación de declarar recae sobre los diputados a la Asamblea Legislativa, el presidente y los vicepresidentes de la República. (art. único) También sobre los ministros, con cartera o sin ella, los funcionarios nombrados con ese rango y los viceministros.

Los magistrados propietarios y suplentes del Poder Judicial y del Tribunal Supremo de Elecciones, y los jueces y juezas de la República, tanto interinos como en propiedad, deben declarar. (art. único) Igualmente, el contralor y el subcontralor generales, el defensor y el defensor adjunto de los habitantes, el procurador general y el procurador general adjunto, el fiscal general, los fiscales adjuntos, los fiscales y los fiscales auxiliares del Ministerio Público.

Los rectores, contralores o subcontralores de los centros estatales de enseñanza superior, el regulador general de la República, los superintendentes de entidades financieras, de valores y de pensiones, así como los respectivos intendentes, también están obligados. (art. único)

Los oficiales mayores de los ministerios, los miembros de las juntas directivas (excepto los fiscales sin derecho a voto), los presidentes ejecutivos, gerentes, subgerentes, auditores o subauditores internos y los titulares de las proveedurías de toda la Administración Pública y de las empresas públicas deben declarar. (art. único)

Los regidores, propietarios y suplentes, y los alcaldes municipales están incluidos. (art. único)

También deben declarar los empleados de aduanas, los que tramiten licitaciones públicas, los que recauden o administren fondos públicos, los que autoricen gastos con fondos públicos y los que establezcan ingresos para el Estado. (art. único)

Lo que se dijo en el debate legislativo

En la discusión de la reforma, la procuradora general de la República, Ana Lorena Brenes, explicó que los ejes de la reforma son el régimen sancionatorio, la denuncia ciudadana, el derecho a la información pública, las incompatibilidades y el deber de abstención. 00:01:11 Enfatizó la importancia de la protección del denunciante. 00:01:22 Dijo: "el tema del denunciante es un tema esencial dentro de dentro de toda el eje de una ley o de todo el desarrollo de un país de prevenir y combatir la corrupción". 00:01:26

La contralora general de la República, Marta Acosta, resaltó los cambios propuestos en materia de declaraciones juradas. 00:02:08 Explicó que se están estableciendo mecanismos más expeditos para verificar las declaraciones juradas. 00:02:14 Mencionó que actualmente la Contraloría tiene convenios con el Instituto Nacional de Seguros, la Caja Costarricense de Seguro Social, el Registro Nacional y el CEV, para tener controles cruzados. 00:02:23 Pero señaló que eso no es suficiente y que con estas reformas se obligaría al Ministerio de Hacienda, al Banco Central y a las intendencias a dar información financiera para verificar los patrimonios. 00:02:51

El fiscal general adjunto, Carlos María Jiménez, alabó la relación entre el delito cometido y la sanción propuesta. 00:03:06 Dijo que "en términos generales por lo menos estimamos que hay una correlación adecuada de la de la sanción penal que se establece con la acción que los las personas cometen en infracción de la ley". 00:03:15

En la presentación del proyecto, el diputado Víctor Emilio Granados Calvo y la diputada Yolanda Acuña Castro presentaron la iniciativa que reforma la ley contra la corrupción. 00:00:08 El proyecto propone reformar 43 artículos de la ley actual, ampliar las declaraciones juradas, proteger al denunciante y obligar al funcionario público a denunciar actos de corrupción. 00:00:23

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 9093 está vigente. 4 SINALEVI indica que la versión de la norma es 1 de 1 y que fue publicada en formato digital en La Gaceta. Las observaciones de la Procuraduría General de la República señalan: "La presente ley fue publicada en formato digital en La Gaceta que se indica."

El texto vigente del artículo 21 de la Ley 8422, según SINALEVI, es el que se transcribe en la ley 9093. (art. único) No se muestra un texto distinto al aprobado. 4

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la ley 9093 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. La ley reforma un artículo sobre declaraciones patrimoniales y no contradice los artículos citados. §Constitución, art. 183

El artículo 183 de la Constitución define a la Contraloría General de la República como institución auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda Pública, con absoluta independencia funcional y administrativa. §Constitución, art. 183 La ley 9093 encarga a la Contraloría recibir las declaraciones patrimoniales, lo cual calza con esa función de vigilancia. (art. único)

El artículo 121 de la Constitución otorga a la Asamblea Legislativa la atribución de dictar las leyes y reformarlas. §Constitución, art. 121 La ley 9093 fue aprobada por la Asamblea Legislativa, como corresponde. (art. único)

No se observa una violación constitucional evidente en el texto de la ley. §Constitución, art. 183

Qué puede hacer usted

Si usted es funcionario obligado a declarar y tiene dudas sobre cómo hacerlo, puede consultar a la Contraloría General de la República. §guía, p. 68 La Contraloría tiene una Plataforma de Servicios y un Área de Denuncias e Investigaciones en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club. También puede llamar a los teléfonos 2501-8000 (central telefónica) o al 2501-8025 (Área de Denuncias e Investigaciones).

Si usted considera que una actuación de la Contraloría o de otra institución pública viola sus derechos fundamentales, puede presentar un recurso de amparo. §guía, p. 22 Cualquier persona puede interponerlo contra el servidor o titular del órgano que aparezca como presunto autor del agravio. El recurso se plantea por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades. §guía, p. 23

Si cree que la ley 9093 o alguna de sus disposiciones viola la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. §guía, p. 24 Para ello, generalmente se requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en la vía administrativa donde se invoque la inconstitucionalidad.

Si desea proponer una reforma a esta ley, puede usar la iniciativa popular. §guía, p. 26 La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar proyectos y seguir los procedimientos.

Lo que no sabemos

El dossier no indica cuántos funcionarios adicionales quedan obligados a declarar con esta reforma. (art. único)

El dossier no especifica si la ley 9093 fue reglamentada ni cuál es el reglamento vigente. (art. único)

El dossier no contiene el texto completo de la Ley 8422, solo el artículo 21 reformado. 7