La ley pone un tope de 20% a lo que cada banco presta al Estado

Qué cambia

La ley 9108 reforma dos artículos: el inciso 5) del artículo 61 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional y el artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco Central. El primer cambio fija un límite.

Ese tope es "en su conjunto" para cada banco, no por operación (art. 1).

La misma norma exceptúa del límite a cuatro instituciones autónomas: el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) y las garantías sobre créditos que se le otorguen en el exterior; el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (ICAA) para alcantarillado, tratamiento de aguas y agua potable; la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) cuando los recursos se destinen a infraestructura hospitalaria, clínicas, Ebais y su equipamiento; y las municipalidades, siempre que los recursos se usen para servicios municipales que se cobren por tasa o precio según el artículo 74 del Código Municipal, o en infraestructura municipal, con demostración de dónde saldrán los ingresos para pagar amortizaciones e intereses (art. 1).

Para esos casos exceptuados se aplican las disposiciones del artículo 135 de la Ley Orgánica del Banco Central (art. 1).

El segundo cambio toca el artículo 106 de la Ley Orgánica del Banco Central. Cuando el Gobierno quiera hacer operaciones de crédito en el extranjero, el Ministerio de Hacienda debe pedir un dictamen al Banco Central antes de cerrar la operación. Las instituciones públicas también deben pedirlo si contratan créditos en el exterior (art. 2).

Ese dictamen se basa en la situación del endeudamiento externo del país, en las repercusiones de la operación en la balanza de pagos y en las variables monetarias (art. 2).

Si el Gobierno o esas entidades intentan contratar empréstitos dentro del país, también deben pedir dictamen al Banco. El Banco lo emite para dar su criterio sobre el endeudamiento del sector público y para coordinar su política monetaria y crediticia con la política financiera y fiscal de la República (art. 2).

Aquí está la excepción: las municipalidades y los concejos municipales de distrito no tienen que pedir ese dictamen (art. 2). El Banco publica sus dictámenes en el diario oficial La Gaceta.

La ley se publicó en formato digital en La Gaceta. No indica fecha de rige, así que empieza a regir diez días después de su publicación, según el artículo 129 de la Constitución Política 2.

A quién le toca

A los bancos comerciales del Estado, al Banco Popular y de Desarrollo Comunal y a cada banco privado domiciliado en el país: todos quedan sujetos al tope del 20% de su capital y reservas para prestar al Estado y a instituciones de Derecho público (art. 1).

Al Instituto Costarricense de Electricidad, al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, a la Caja Costarricense de Seguro Social y a las municipalidades: quedan fuera de ese límite de crédito, con las condiciones que fija el artículo (art. 1).

Al Ministerio de Hacienda: debe pedir dictamen al Banco Central antes de cualquier operación de crédito en el extranjero (art. 2).

A las instituciones públicas: deben pedir dictamen al Banco Central cuando contraten créditos en el exterior o empréstitos en el interior del país (art. 2).

A las municipalidades y a los concejos municipales de distrito: no están obligados a pedir dictamen al Banco Central cuando contraten empréstitos internos (art. 2).

Lo que se dijo en la Asamblea

Las grabaciones del dossier no tratan sobre la ley 9108. Tratan sobre otros proyectos de reforma financiera. En V1, del 8 de octubre de 2019, una voz sin nombre identificado en el transcript dice que el plenario aprobó en primer debate un proyecto que reforma la Ley Orgánica del Banco Central y la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional para que las entidades financieras hagan supervisión consolidada al otorgar créditos 00:00:09.

Esa misma voz menciona que la iniciativa establece sanciones para quien viole el secreto bancario 00:00:55.

En V3, del 5 de agosto de 2019, se dictamina otro proyecto que reforma las leyes reguladoras del mercado de valores y de seguros, el Código de Comercio, las leyes orgánicas del Banco Central y del Poder Judicial y la ley del régimen privado de pensiones complementarias 00:00:10.

En V3 se escucha a Luis Carlos Delgado Murillo, presidente del Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero, referirse a un proyecto de reforma a las leyes orgánicas del Banco Central y del Sistema Bancario Nacional que busca mejorar la supervisión de entidades financieras con la figura de la supervisión consolidada 00:01:48.

En V2, del 18 de febrero de 2025, el exdiputado Rodolfo Brenes habla de la ley 7558 de 1995, no de la 9108. Cuenta que la reforma de 1995 abrió las cuentas corrientes a la banca privada y creó la Superintendencia General de Entidades Financieras 00:04:05.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 9108 está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma 2.

La Procuraduría General de la República anota que la ley se publicó en formato digital en La Gaceta y que, al no indicar fecha de rige, empieza a regir diez días después de su publicación, según el artículo 129 de la Constitución Política 2.

El texto vigente del artículo 106 de la Ley 7558 que reproduce SINALEVI coincide con el texto aprobado en la ley 9108 y lleva la nota "Así reformado por el artículo 2° de la ley N° 9108 del 19 de diciembre del 2012" 6.

Frente a la Constitución

El Censo comparó el texto con los artículos constitucionales del dossier. El artículo 188 dice que las instituciones autónomas del Estado gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno §Constitución, art. 188. El artículo 106 reformado obliga a las instituciones públicas a pedir dictamen al Banco Central antes de contratar créditos en el exterior o empréstitos internos (art. 2). Eso es una regla de coordinación financiera, no una orden sobre cómo administrarse, así que no se ve choque con el 188.

El artículo 170 declara autónomas a las corporaciones municipales y les garantiza una asignación presupuestaria §Constitución, art. 170. La ley 9108 exceptúa a las municipalidades del límite de crédito y del requisito de dictamen para empréstitos internos (art. 1) (art. 2). Esa excepción va en la misma dirección que la autonomía municipal.

El artículo 176 ordena que la gestión pública sea sostenible, transparente y responsable, con presupuestación plurianual §Constitución, art. 176. El dictamen del Banco Central sobre endeudamiento externo e interno apunta a ese mismo fin (art. 2).

El artículo 121 inciso 1 da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar y reformar leyes §Constitución, art. 121. La ley 9108 se aprobó por esa vía y reforma dos leyes existentes (art. 1) (art. 2).

El Censo no encontró un choque directo entre el texto de la ley 9108 y los artículos constitucionales del dossier.

Qué puede hacer usted

Si un banco o una institución pública incumple el tope del 20% o no pide el dictamen que ordena el artículo 106, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de fondos públicos y revisa contratos de instituciones públicas §guía, p. 68.

Puede denunciar en persona en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club §guía, p. 68. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr o por apartado postal 1179-1000 San José.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo, puede interponer un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional pide, por regla general, un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Si quiere cambiar la ley, puede usar la iniciativa popular. El proyecto debe pasar por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto capital y reservas tiene cada banco, así que no se puede calcular el monto en colones del tope del 20%.

El dossier no incluye el texto del artículo 135 de la Ley Orgánica del Banco Central, que se aplica a los casos exceptuados.

El dossier no incluye el texto del artículo 129 de la Constitución Política, que la Procuraduría cita para fijar la entrada en vigencia.

El dossier no dice la fecha exacta de publicación en La Gaceta de la ley 9108.

Las grabaciones del dossier no contienen discusiones sobre la ley 9108.