Costa Rica puede pedir prestados 55 millones de dólares para Moín

Qué cambia

La ley autoriza al Poder Ejecutivo a firmar un préstamo de hasta cincuenta y cinco millones de dólares (US$55.000.000) para financiar la modernización del puerto de Moín (art. 1). El dinero puede venir de fuentes nacionales o internacionales.

El préstamo sirve para desarrollar infraestructura y modernizar el puerto, en las actividades que la ley le encarga a Moín (art. 2). Antes de firmar, el Poder Ejecutivo debe tener las autorizaciones que exige la ley (art. 3).

Quien ejecuta las obras es Japdeva, la Junta de Desarrollo Portuario de la Vertiente del Caribe (art. 4).

El artículo 5 pone topes a las condiciones del préstamo. La comisión de crédito anual sobre saldos no desembolsados no puede pasar del 1,5% (art. 5). La comisión por inspección y vigilancia, que se paga cada semestre, no puede superar el 2% del monto del financiamiento dividido entre el número de semestres del plazo de desembolsos.

Los intereses sobre saldos deudores no pueden ser mayores a la tasa Libor a seis meses más un margen del 4,0% (art. 5). Si el préstamo no se basa en la Libor, se usa la referencia de mercado más precisa para convertirla a tasa fija, más el mismo margen.

Los desembolsos no pueden tardar menos de tres años. La amortización no puede ser menor a diez años, contados desde la firma del contrato (art. 5).

El artículo 6 permite al Poder Ejecutivo, por medio de Japdeva, usar las normas de contratación del ente financiador si este lo pide (art. 6). Aun así, siguen aplicando los principios constitucionales y las prohibiciones de contratación administrativa de la ley ordinaria.

El artículo 7 exonera de impuestos, tasas, contribuciones, derechos y retenciones los actos para formalizar el contrato y su inscripción (art. 7). Tampoco pagan impuestos nacionales los permisos de construcción, la viabilidad ambiental, los materiales, el equipo, los repuestos y los servicios que necesite Japdeva para el programa. Esa exención no cubre a los terceros que contrate Japdeva.

La ley rige desde su publicación (art. 7).

A quién le toca

Al Poder Ejecutivo: es quien queda autorizado para firmar el contrato de préstamo, con las autorizaciones previas que exige la ley (art. 1) (art. 3).

A Japdeva: le corresponde ejecutar las actividades que defina el contrato (art. 4). También recibe las exoneraciones para permisos, materiales y servicios del programa (art. 7).

A los terceros que contrate Japdeva: no quedan cubiertos por la exención de impuestos (art. 7).

A las personas y empresas que vendan obras, bienes o servicios al programa: el contrato puede regirse por las normas de contratación del ente financiador, si este lo pide (art. 6).

Lo que se dijo en la Asamblea

El video de la Asamblea Legislativa informa que el puerto de Moín podrá modernizarse tras la aprobación en segundo debate de un préstamo por 55 millones de dólares 00:00:10.

El mismo video dice que el órgano ejecutor será Japdeva 00:00:20. También repite los topes: la comisión de crédito anual no puede exceder el 1,5% y los intereses no pueden superar la tasa Libor más el margen del 4,0% 00:00:25.

El diputado Walter Césped se mostró satisfecho por la aprobación 00:00:38. Dijo: "Este es un proyecto de músculo porque de esta forma moín podría competir tal vez no tú a tú como se dice con el nuevo Puerto que se piensa construir pero tampoco se le estarían cortando las alas para que pueda dar un buen servicio" 00:00:44.

El video explica que el préstamo es parte de un plan maestro portuario para Limón y Moín 00:01:04. Según esa explicación, Limón se dedicaría más al turismo y Moín se especializaría en carga general, petróleo, químicos y fertilizantes 00:01:11.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma 3. La Procuraduría General de la República anota que la ley se publicó en formato digital en La Gaceta que se indica.

El texto consolidado de SINALEVI es el que se usó para este artículo. No aparece una versión distinta aprobada por la Asamblea 3.

Frente a la Constitución

El artículo 121 de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la atribución de dictar las leyes §Constitución, art. 121. Esta ley salió de la Asamblea, así que calza con esa atribución.

El artículo 140, inciso 10, permite al Presidente y al ministro respectivo celebrar convenios y ejecutarlos una vez aprobados por la Asamblea, cuando la Constitución exija esa aprobación §Constitución, art. 140. La ley autoriza al Poder Ejecutivo a firmar el préstamo, y el artículo 3 le pide las autorizaciones de ley antes de hacerlo (art. 3). El Censo no encontró choque en ese punto.

El artículo 182 ordena que los contratos para ejecutar obras públicas de los Poderes del Estado y las instituciones autónomas se hagan mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto §Constitución, art. 182. El artículo 6 permite usar las normas de contratación del ente financiador si este lo pide (art. 6). Esa norma también mantiene los principios constitucionales y las prohibiciones de contratación administrativa. Queda una duda sobre cómo se combina el uso de reglas del financiador con la licitación que pide el artículo 182.

El artículo 180 dice que el presupuesto es el límite para usar los recursos del Estado §Constitución, art. 180. El artículo 177 manda preparar presupuestos extraordinarios para invertir los ingresos del crédito público §Constitución, art. 177. La ley autoriza un préstamo, pero el dossier no muestra el presupuesto extraordinario donde se registre. El Censo no puede confirmar ese paso con lo que tiene.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto del programa le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede hacerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22. En el escrito debe poner el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23.

Si quiere atacar la ley misma por chocar con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Por regla general necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en la vía administrativa donde invoque esa inconstitucionalidad. No hace falta ese caso pendiente cuando no hay lesión individual y directa, o cuando se defienden intereses difusos.

Si sospecha un mal manejo de los fondos públicos del programa, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar la queja. La Defensoría no investiga casos que estén esperando una resolución judicial.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice con qué entidad financiera se firmó el préstamo ni en qué fecha.

El dossier no muestra el presupuesto extraordinario que registre los ingresos del crédito.

El dossier no indica cuánto se ha desembolsado ni en qué se ha gastado.

El dossier no dice si el ente financiador pidió aplicar sus propias normas de contratación.