Nueva ley castiga suplantar identidad y acosar a menores en internet

Qué cambia

La Ley 9135 reformó cinco artículos del Código Penal y agregó el artículo 167 bis. Rige desde su publicación, el 24 de abril de 2013 (art. 1) 2.

El artículo 196 castiga con uno a tres años de prisión a quien, sin autorización y con daño a la intimidad, se apodere, acceda, modifique, intercepte o difunda documentación o comunicaciones de otra persona (art. 196). La pena sube a dos a cuatro años si lo hace alguien encargado de recolectar, entregar o resguardar esos documentos, o quien administra el sistema informático.

El artículo 196 bis sanciona con uno a tres años a quien, en beneficio propio o de un tercero, acceda, copie, transmita, publique o dé tratamiento no autorizado a datos personales almacenados en sistemas informáticos (art. 196 bis). La pena sube a dos a cuatro años en tres casos: cuando lo hace alguien con acceso al sistema, cuando la información es de un menor o incapaz, o cuando los datos revelan ideología, religión, salud, origen étnico u orientación sexual.

El artículo 165 bis no existe en esta ley. El nuevo artículo 167 bis sanciona con uno a tres años a quien comunique con contenido sexual o erótico con una persona menor de 15 años o incapaz. La pena sube a dos a cuatro años si el imputado intenta un encuentro presencial con la víctima (art. 167 bis).

El artículo 230 castiga con uno a tres años a quien suplante la identidad de una persona física, jurídica o de una marca comercial en redes sociales, sitios de internet o medios electrónicos (art. 230).

El artículo 293 impone de uno a seis años de prisión a quien revele secretos de Estado debidamente decretados sobre seguridad interna, defensa de la soberanía o relaciones exteriores (art. 293). El artículo 295 castiga con la misma pena a quien procure u obtenga esos secretos. La pena sube a dos a ocho años si se usan programas maliciosos o tecnologías de la información (art. 295).

A quién le toca

A cualquier persona que use internet o dispositivos electrónicos. Los artículos 196, 196 bis y 230 aplican a quien acceda sin permiso a comunicaciones o datos ajenos, o suplante una identidad en línea (art. 196) (art. 196 bis) (art. 230).

A quienes trabajan administrando sistemas informáticos o resguardando documentos. Para ellos las penas por violación de correspondencia y de datos personales suben a dos a cuatro años (art. 196) (art. 196 bis).

A las personas menores de 15 años y a las personas incapaces. El artículo 167 bis protege específicamente a este grupo frente a comunicaciones de contenido sexual o erótico por cualquier medio (art. 167 bis).

A las entidades financieras supervisadas por la Sugef. El artículo 196 bis las exceptúa de delito cuando recopilen o usen datos de bases de origen legítimo, siempre que cumplan los procedimientos y límites de ley (art. 196 bis).

A quienes manejan información pública. El artículo 196 bis aclara que no es delito publicar o difundir información de interés público, documentos públicos o datos de registros de acceso irrestricto, si se obtuvo conforme a la ley (art. 196 bis).

Lo que se dijo en la Asamblea

No se encontraron grabaciones de la Asamblea que mencionen este expediente.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley sigue vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la número 1 de 1 2.

La Procuraduría General de la República anotó que la ley se publicó en formato digital en La Gaceta que se indica 2.

SINALEVI no muestra un texto distinto al aprobado. El texto consolidado que aparece en el sistema es el mismo que se aprobó en 2013 2 (art. 1).

Frente a la Constitución

El Censo comparó los artículos del texto con la Constitución del dossier. No encontró un choque directo, pero sí dudas sobre dos puntos.

El artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones. También dice que son inviolables los documentos privados y las comunicaciones §Constitución, art. 24. El artículo 196 del Código Penal protege ese mismo derecho al castigar a quien acceda o difunda comunicaciones sin autorización (art. 196). Hay calce entre ambos.

El artículo 24 permite que los Tribunales de Justicia ordenen el secuestro o examen de documentos privados cuando sea indispensable para esclarecer un asunto. Esa autorización requiere una ley aprobada por dos tercios de los diputados §Constitución, art. 24. El artículo 196 bis exceptúa de delito la publicación de información de interés público y de registros públicos (art. 196 bis). El Censo no encontró en el dossier una norma que regule el acceso judicial a datos personales en el contexto de esta ley. Queda la duda de cómo se coordina esa excepción con la reserva judicial del artículo 24.

El artículo 39 de la Constitución dice que a nadie se hará sufrir pena sino por delito sancionado por ley anterior y en virtud de sentencia firme §Constitución, art. 39. Los artículos 196, 196 bis, 230, 293, 295 y 167 bis describen conductas y fijan penas antes de que ocurran (art. 196) (art. 196 bis) (art. 230) (art. 293) (art. 295) (art. 167 bis). Hay calce con el principio de legalidad penal.

El artículo 30 de la Constitución garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos con propósitos de información sobre asuntos de interés público, pero deja a salvo los secretos de Estado §Constitución, art. 30. Los artículos 293 y 295 castigan revelar u obtener secretos de Estado debidamente decretados (art. 293) (art. 295). El Censo no encontró en el dossier una definición de qué hace que un secreto esté "debidamente decretado". Esa ausencia genera una duda sobre el alcance del artículo 30.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola su derecho a la intimidad o al secreto de las comunicaciones, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos.

Si considera que esta ley o alguna de sus reformas choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

La acción de inconstitucionalidad requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando se trate de la defensa de intereses difusos o colectivos §guía, p. 24.

Si un funcionario público maneja mal los recursos o los datos de las personas, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La CGR fiscaliza el uso de los fondos públicos y revisa contratos de instituciones públicas §guía, p. 68.

Las denuncias ante la CGR se presentan en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si una institución pública le maltrata en sus derechos, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si es víctima de un delito de los que castiga esta ley, puede denunciarlo ante el Ministerio Público, un tribunal penal o la Policía Judicial. La denuncia puede ser escrita o verbal §guía, p. 126.

Reúna pruebas antes de denunciar: testigos, documentos, fotos o capturas de pantalla. Los jueces solo pueden basarse en pruebas aportadas al juicio §guía, p. 126.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas personas han sido condenadas bajo esta ley desde 2013.

El dossier no explica qué significa exactamente "debidamente decretados" para los secretos de Estado de los artículos 293 y 295.

El dossier no incluye el texto completo de la Ley de la Jurisdicción Constitucional ni de la Ley General de la Administración Pública que se mencionan en la guía.