Préstamo de $200 millones para mejorar la educación superior pública

Qué cambia

La Asamblea Legislativa aprobó un contrato de préstamo con el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento (BIRF) por hasta 200 millones de dólares estadounidenses (art. 1). El contrato se firmó el 6 de noviembre de 2012.

El objetivo del proyecto es mejorar el acceso y la calidad de la educación superior pública, aumentar las inversiones en innovación y desarrollo científico y tecnológico, y mejorar la gestión institucional del sistema de educación superior pública (art. 2).

El Ministerio de Educación Pública (MEP) ejecuta el proyecto, bajo la coordinación general del Conare (UCP), que es el principal interlocutor con el banco (art. 3). La parte I del contrato se lleva a cabo con las cuatro universidades estatales, cada una como Unidad Coordinadora de Proyecto Institucional (UCPI); la parte II.1 con el Sinaes; la parte II.2 con Conare-OPES; y la parte II.3 directamente por el Conare. El MEP firma los acuerdos necesarios para la ejecución.

Los recursos los administra la Tesorería Nacional, en cumplimiento del principio de caja única, mediante el sistema de tesoro digital (art. 4). El prestatario acredita los recursos a favor de las universidades, que deben atender la normativa para el uso eficiente de los recursos.

Las adquisiciones de bienes, obras y servicios financiadas con el préstamo y con la contrapartida se exceptúan de los procedimientos de contratación administrativa de la legislación ordinaria (art. 5). Esas compras se hacen mediante los procedimientos del Contrato de Préstamo N.° 8194-CR. Sin embargo, los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones de contratación administrativa de la legislación ordinaria son de aplicación obligatoria.

Los documentos para formalizar el contrato y su inscripción en los registros quedan exonerados de todo tipo de impuestos, timbres, tasas, contribuciones o derechos (art. 6). Las adquisiciones de obras, bienes y servicios del proyecto no pagan impuestos, tasas, sobretasas, contribuciones ni derechos de carácter nacional. La exoneración no rige para los contratos suscritos con terceros.

Las universidades públicas continúan promoviendo políticas de diversificación de la oferta académica y equidad en el acceso, con atención a poblaciones con menor desarrollo social relativo, sin exclusión ni discriminación (art. 7). También fortalecen los planes de mejoramiento en sedes y recintos regionales. Los resultados del plan de mejoramiento institucional se remiten anualmente a la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa.

La ley rige a partir de su publicación (art. 7).

A quién le toca

Al Ministerio de Educación Pública (MEP): ejecuta el proyecto y firma los acuerdos necesarios (art. 3).

Al Conare: coordina y da seguimiento general al proyecto, es el principal interlocutor con el banco, y ejecuta la parte II.3 (art. 3).

Al Sinaes: participa directamente en la parte II.1 del proyecto (art. 3).

A Conare-OPES: lleva a cabo la parte II.2 del proyecto (art. 3).

A la Tesorería Nacional: administra los recursos del préstamo conforme al principio de caja única (art. 4).

A las universidades públicas: deben continuar políticas de diversificación y equidad, y remitir anualmente los resultados del plan de mejoramiento institucional a la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Públicos (art. 7).

A las personas que estudian o quieren estudiar en la educación superior pública: el objetivo del proyecto es mejorar el acceso y la calidad (art. 2).

Lo que se dijo en la Asamblea

No hay grabaciones en el dossier que traten sobre esta ley en específico. Las grabaciones disponibles (V1, V2, V3) se refieren a otros expedientes: el 24264 sobre gestión de riesgo de desastres 00:00:13, el 22 366 sobre pesca y acuicultura 00:16:57, y el 24425 sobre gestión fiscal y descarbonización 00:00:09. Por eso no se incluyen citas de discusiones sobre la Ley 9144.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente 5. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la versión 1 de 1, y no tiene observaciones. El texto consolidado que publica SINALEVI es el que se usa en este artículo (art. 1).

Frente a la Constitución

El Censo comparó el texto con los artículos de la Constitución incluidos en el dossier. No encontró un choque directo, pero sí algunos puntos que podrían generar dudas.

El artículo 84 de la Constitución garantiza la independencia de la Universidad de Costa Rica y de las demás instituciones de educación superior universitaria, y ordena al Estado dotarlas de patrimonio propio y colaborar en su financiación §Constitución, art. 84. Esas figuras podrían interpretarse como una coordinación operativa, no como una pérdida de independencia, pero la redacción deja dudas sobre cuánto margen de decisión conservan las universidades.

El artículo 85 de la Constitución ordena al Estado mantener un fondo especial para el financiamiento de la Educación Superior Estatal y dispone que sus rentas no podrán ser abolidas ni disminuidas si no se crean otras mejoras que las sustituyan §Constitución, art. 85. La ley no toca ese fondo: el préstamo es un recurso adicional, no una sustitución (art. 1). No se ve choque en este punto.

El artículo 85 también asigna al fondo especial la función de financiar la educación superior estatal, y el artículo 85 indica que el fondo se pone a la orden de las universidades según la distribución que determine el cuerpo encargado de la coordinación de la educación superior universitaria estatal §Constitución, art. 85. La ley usa al Conare como coordinador del proyecto, lo cual calza con ese papel de coordinación (art. 3).

El artículo 88 de la Constitución exige que la Asamblea Legislativa oiga previamente al Consejo Universitario o al órgano director correspondiente de cada universidad para discutir y aprobar proyectos de ley relativos a materias bajo la competencia de las universidades §Constitución, art. 88. El dossier no incluye registro de esas audiencias, así que no se puede confirmar si se cumplieron.

El artículo 182 de la Constitución ordena que los contratos para ejecución de obras públicas y las compras con fondos de entidades públicas se hagan mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto §Constitución, art. 182. La ley exceptúa las adquisiciones del préstamo de los procedimientos de contratación administrativa ordinaria y las remite a los procedimientos del contrato con el BIRF (art. 5). Esa excepción podría generar dudas frente al artículo 182, aunque la misma ley aclara que los principios constitucionales y el régimen de prohibiciones siguen siendo obligatorios.

El artículo 121, inciso 4, de la Constitución da a la Asamblea Legislativa la atribución de aprobar o improbar los convenios internacionales §Constitución, art. 121. La ley 9144 es precisamente esa aprobación (art. 1). No se ve choque en este punto.

El artículo 105 de la Constitución excluye el referéndum para proyectos relativos a materia presupuestaria, crediticia y aprobación de empréstitos y contratos §Constitución, art. 105. Eso significa que este préstamo no puede someterse a referéndum, pero no genera un choque con la ley.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo en la ejecución de este proyecto, puede presentar un recurso de amparo ante la Sala Constitucional §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio. El recurso se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos.

Si considera que la ley 9144 tiene un choque con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. La acción procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional. Para interponerla, por regla general se requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si sospecha un manejo irregular de los recursos públicos del préstamo, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos de las instituciones del Estado, incluidas las universidades. La denuncia se puede presentar personalmente en Sabana Sur, llamando al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr, o por apartado postal 1179-1000 San José.

Si una institución pública le brinda un mal servicio o actúa de forma irregular en el marco de este proyecto, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si ha sido maltratada en sus derechos o intereses por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios.

Lo que no sabemos

El dossier no incluye el texto completo del Contrato de Préstamo N.° 8194-CR, sus anexos ni las condiciones generales, que la ley declara parte integrante (art. 1).

El dossier no dice cuánto del préstamo se ha desembolsado ni en qué se ha gastado.

El dossier no incluye el registro de las audiencias al Consejo Universitario o a los órganos directores de las universidades que exige el artículo 88 de la Constitución §Constitución, art. 88.

El dossier no incluye el plan de mejoramiento institucional ni los informes anuales que las universidades deben remitir a la Comisión de Control del Ingreso y el Gasto Públicos (art. 7).

El dossier no incluye el contrato de préstamo con el detalle de tasas, plazos de amortización ni condiciones financieras.