Tobillera electrónica en lugar de cárcel: qué dice la ley 9271

Qué cambia

La ley 9271 permite que un juez cambie la prisión por un dispositivo electrónico de localización. Aplica para personas con una medida cautelar o para personas ya sentenciadas, en los casos que la ley permite (art. 1). El juez decide cuánto puede movilizarse la persona que usa el mecanismo.

La medida necesita el consentimiento expreso de la persona. El juez debe explicarle cómo funciona el aparato, cuáles son las condiciones y qué pasa si las incumple (art. 2). La duración del seguimiento en medidas cautelares se rige por la legislación vigente.

El dispositivo no debe estigmatizar a la persona. Quien lo porta tiene tres obligaciones: no alterarlo, no dañarlo y no desprenderse de él. También debe reportar cualquier falla o alteración involuntaria y acatar las condiciones impuestas (art. 2). Si incumple sin justificación, el juez puede revocar la medida y ordenar el ingreso a prisión. Un día con tobillera equivale a un día de prisión.

La Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz supervisa el cumplimiento. Debe informar de inmediato cualquier incumplimiento a la autoridad judicial o administrativa (art. 3). Todos los cuerpos de policía deben colaborar cuando hay una alerta por incumplimiento.

La ley reformó el artículo 66 del Código Penal. Ahora el juez puede ordenar la localización permanente con mecanismo electrónico como una condición de la libertad condicional. Lo hace por solicitud de la persona condenada, de la defensa o del Ministerio Público (art. 4).

También agregó el inciso j) al artículo 244 del Código Procesal Penal. La localización permanente con mecanismo electrónico queda como una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva. Un día con dispositivo equivale a un día de prisión preventiva (art. 5).

El artículo 245 del Código Procesal Penal ahora permite al tribunal combinar varias medidas cautelares. El juez puede ordenar que el control se haga por medios electrónicos. La ley prohíbe usar estas medidas desnaturalizando su finalidad o cuando su cumplimiento es imposible (art. 6).

La ley reformó el artículo 7 de la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres. El juez puede ordenar a la persona imputada el uso del dispositivo electrónico. También puede enlazarlo con la víctima para garantizar su protección (art. 7).

El Código Penal ahora incluye el arresto domiciliario con monitoreo electrónico entre las clases de penas (art. 8). El nuevo artículo 57 bis lo define como una sanción que sustituye la prisión y busca la reinserción social de la persona sentenciada (art. 9).

El juez puede aplicar el arresto domiciliario con monitoreo si se cumplen cuatro condiciones. Primero, que la pena no supere los seis años de prisión. Segundo, que no sea por delitos tramitados bajo el procedimiento especial de crimen organizado, ni delitos sexuales contra menores de edad, ni delitos en que se hayan usado armas de fuego. Tercero, que se trate de un delincuente primario. Cuarto, que las circunstancias personales del condenado indiquen razonablemente que no es un peligro y que no evadirá la pena (art. 9).

A las veinticuatro horas de la firmeza de la sentencia, la persona condenada debe presentarse a la oficina que defina la Dirección General de Adaptación Social. Esa oficina valora el caso y determina la ubicación en el programa, las obligaciones, el control y la atención técnica (art. 9).

El juez puede autorizar salidas restringidas por razones laborales, de salud, educación u obligaciones familiares. Necesita un informe del Instituto Nacional de Criminología (art. 9). Si la persona incumple, el juez puede variar o revocar la modalidad y ordenar el ingreso a prisión.

El nuevo artículo 486 bis del Código Procesal Penal permite al juez de ejecución de la pena sustituir la prisión por arresto domiciliario con monitoreo electrónico. Aplica en cuatro situaciones (art. 10).

La primera es para la mujer condenada en estado avanzado de embarazo al ingresar a prisión, o madre jefa de hogar de hijo o hija menor de hasta doce años, o cuyo hijo o familiar sufra discapacidad o enfermedad grave debidamente probada. También aplica si estuvo bajo su cuidado y se acredita que no hay otra persona que pueda ocuparse. En ausencia de ella, el padre que asumió esa responsabilidad tiene el mismo beneficio (art. 10).

La segunda es para la persona condenada mayor de sesenta y cinco años, si su personalidad y la naturaleza y modalidad del delito justifican la sustitución (art. 10). La tercera es cuando sobreviene una enfermedad física, adictiva o siquiátrica cuyo tratamiento resulte pertinente hacerlo fuera de prisión, previos informes médicos y técnicos. La cuarta es cuando sobrevienen situaciones que ameriten el resguardo del principio de humanidad, si su personalidad y el delito justifican la sustitución.

El Instituto Nacional de Criminología debe evaluar cada año la aplicación del mecanismo. Remite al Ministerio de Justicia y Paz las recomendaciones que estime pertinentes (art. 11). El Ministerio de Justicia y Paz debe incluir en su presupuesto anual las partidas necesarias para sostener el mecanismo (art. 12).

El transitorio único dice que durante el primer año desde la aprobación de la ley, la localización permanente con dispositivo electrónico se aplica únicamente como medida cautelar. La excepción es que el Ministerio de Justicia y Paz cuente con la infraestructura para desarrollarla en otras áreas (art. Transitorio Único).

A quién le toca

A las personas imputadas en un proceso penal a quienes un juez les imponga la localización permanente con mecanismo electrónico como medida cautelar (art. 5).

A las personas condenadas que pidan la localización permanente como condición de libertad condicional, por solicitud propia, de la defensa o del Ministerio Público (art. 4).

A las personas sentenciadas a quienes un juez les aplique el arresto domiciliario con monitoreo electrónico como sustituto de la prisión. Deben cumplir las cuatro condiciones del artículo 57 bis (art. 9).

A las mujeres condenadas en estado avanzado de embarazo, madres jefas de hogar de hijo o hija menor de hasta doce años, o con hijo o familiar con discapacidad o enfermedad grave. También al padre que haya asumido esa responsabilidad (art. 10).

A las personas condenadas mayores de sesenta y cinco años, y a quienes les sobrevenga una enfermedad física, adictiva o siquiátrica (art. 10).

A las víctimas de violencia contra las mujeres, porque el juez puede ordenar a la persona imputada el uso del dispositivo electrónico y enlazarlo con la víctima (art. 7).

A la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz, que supervisa el cumplimiento (art. 3). A todos los cuerpos de policía, que deben colaborar en caso de alerta. Al Instituto Nacional de Criminología, que evalúa cada año el mecanismo (art. 11).

Lo que se dijo en la Asamblea

El diputado Oto Guevaragut, propulsor de la iniciativa, explicó que la intención de retrotraer el proyecto a primer debate era presentar mociones que lo mejoraran 00:00:22. Indicó que deseaba presentar tres mociones: una para que la persona imputada se prepare y estudie mientras cumple su pena, y otras dos para aclarar la redacción del proyecto 00:00:28. El diputado consideró necesario aclarar que el imputado es el que portará el dispositivo cuando se dé un caso de violencia doméstica 00:00:39.

En otra audiencia, la fiscal adjunta penal juvenil Mayira Campos Zúñiga dijo que el mecanismo se puede utilizar en adolescentes pero con varias condiciones. Pidió analizar el impacto social en personas menores de edad y la importancia de la prevención y la inversión social antes de cualquier medida represiva. Dijo que, si se utiliza, debe estar bien regulado y establecido como un medio auxiliar, no como un medio principal, y siempre con el consentimiento del joven 00:00:34.

La directora de centros penales juveniles, Ad Luz Mora, exhortó a que no se aplique a jóvenes. Dijo que la población adolescente del programa penal juvenil es muy vulnerada y estigmatizada, y que la normativa internacional protege la confidencialidad de las personas menores de edad 00:01:13.

La comisión con potestad legislativa plena tercera votó en trámite de primer debate el expediente de ley de mecanismos electrónicos de seguimiento en materia penal. El proyecto incluyó cambios, como el de que la persona imputada se prepare y estudie mientras cumple su pena, y otros dos para aclarar la redacción 00:01:04.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 9271 está vigente. SINALEVI muestra la versión 2 de 2 y no registra observaciones de la Procuraduría 5.

El texto consolidado de SINALEVI coincide con el texto aprobado. Las reformas que la ley hizo al Código Penal, al Código Procesal Penal y a la Ley de Penalización de la Violencia contra las Mujeres aparecen incorporadas en esas leyes 6 7 8.

Una nota de SINALEVI registra que la Sala Constitucional, mediante resolución N° 15737 del 9 de octubre de 2015, estableció que el transitorio único de la ley 9271 no contraviene los artículos 9 in fine y 29 inciso a) de la Convención Americana de Derechos Humanos, ni los ordinales 5.1 y 15.1 del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos (art. Transitorio Único).

El artículo 2 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, que el artículo 57 bis del Código Penal menciona, aparece derogado por el artículo 19 de la Ley 9481 del 13 de setiembre de 2017 9.

Frente a la Constitución

El artículo 37 de la Constitución dice que nadie puede ser detenido sin un indicio comprobado de delito y sin mandato escrito de juez §Constitución, art. 37. La ley 9271 no elimina ese requisito: la medida la ordena un juez y sustituye la prisión, no la detención arbitraria (art. 1).

El artículo 39 de la Constitución garantiza que a nadie se le imponga pena sino por delito sancionado por ley anterior y en virtud de sentencia firme §Constitución, art. 39. El arresto domiciliario con monitoreo electrónico se aplica al dictar sentencia, y la sustitución durante la ejecución la ordena el juez de ejecución de la pena (art. 9) (art. 10).

El artículo 40 de la Constitución prohíbe tratamientos crueles o degradantes y penas perpetuas §Constitución, art. 40. El artículo 2 de la ley ordena que el mecanismo no permita la estigmatización (art. 2). El artículo 486 bis incluye el resguardo del principio de humanidad entre las razones para sustituir la prisión (art. 10).

El artículo 24 de la Constitución garantiza el derecho a la intimidad y al secreto de las comunicaciones §Constitución, art. 24. La ley no regula cómo se almacenan ni quién accede a los datos de localización que genera el dispositivo. El Censo no encontró en el texto una regla sobre ese punto. Queda una duda sobre cómo se protege ese derecho en la práctica.

El artículo 41 de la Constitución dice que todos han de encontrar reparación para las injurias o daños que hayan recibido §Constitución, art. 41. El artículo 7 de la ley permite enlazar el dispositivo con la víctima para garantizar su protección (art. 7).

El Censo no encontró un choque directo entre el texto de la ley 9271 y los artículos de la Constitución del dossier. La duda principal está en el manejo de los datos de localización frente al artículo 24.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una autoridad viola un derecho suyo por la aplicación de esta ley, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo contra el servidor o el órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos §guía, p. 22. En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas de cargo. No requiere autenticación §guía, p. 23.

Si considera que la ley misma infringe la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Para interponerla se requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública en la aplicación de la medida, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71. La Defensoría no investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial.

Si sospecha un manejo irregular de los fondos públicos destinados al mecanismo, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por los teléfonos 2501-8000 o 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas personas usan hoy el dispositivo ni cuántos aparatos tiene el Ministerio de Justicia y Paz.

El dossier no detalla cómo se almacenan ni quién accede a los datos de localización que genera el dispositivo.

El dossier no dice cuánto cuesta el mecanismo ni quién paga el aparato.

El dossier no indica si el Ministerio de Justicia y Paz contaba con la infraestructura para aplicar la medida fuera de las cautelares al terminar el primer año del transitorio.