El Colegio de Secretariado cambia de nombre y suma atribuciones

Qué cambia

La ley 9284 cambia el nombre del Colegio de Secretariado Profesional de Costa Rica a Colegio de Profesionales en Secretariado de Costa Rica (art. 1). El Colegio sigue siendo un ente público no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, integrado por las personas profesionales en secretariado.

El artículo 1 también fija cuatro finalidades del Colegio: promover la superación y dignificación en lo socioeconómico, sociocultural, profesional, técnico y moral; defender los intereses de sus asociados; colaborar en el estudio y planeamiento de programas de formación; y pronunciarse sobre asuntos de interés público o que afecten los intereses del Colegio (art. 1).

El artículo 2 define quiénes integran el Colegio: bachilleres y licenciados en secretariado profesional o en administración de oficinas graduados por instituciones de enseñanza superior del país, públicas y privadas, reconocidas por el Estado; diplomados universitarios y parauniversitarios en secretariado por esas mismas instituciones; y graduados de universidades o instituciones equivalentes en el extranjero, de acuerdo con las leyes y los tratados vigentes (art. 2).

El artículo 12 lista las atribuciones de la Asamblea General: elegir a la Junta Directiva, aprobar o improbar el informe anual de la Junta saliente, resolver en definitiva los asuntos que se le sometan, conocer apelaciones contra decisiones de la Junta Directiva o fallos del Tribunal de Honor, aprobar el Código de Ética Profesional, aprobar los reglamentos internos y las demás que le asignen la ley o los reglamentos (art. 12). Contra las resoluciones de la Asamblea General cabe recurso de revocación ante la misma Asamblea, dentro de un plazo de tres días hábiles.

La ley crea una Asamblea General Extraordinaria con tres atribuciones: conocer y resolver la reposición de directores por retiro, renuncia o expulsión confirmada por la propia Asamblea; conocer apelaciones contra decisiones de la Junta Directiva o fallos del Tribunal de Honor; y ratificar las modificaciones al reglamento interno del Colegio (art. 12 bis).

El artículo 13 fija el domicilio legal del Colegio en la ciudad de San José y da la representación judicial y extrajudicial al presidente de la Junta Directiva, con carácter de apoderado general, de conformidad con el artículo 1255 del Código Civil (art. 13). Ese artículo enumera trece atribuciones del presidente, entre ellas presidir las sesiones, decidir con su doble voto en caso de empate en la Junta Directiva, conceder licencia hasta por un mes a los miembros de la Junta, autorizar gastos según el monto del reglamento interno, firmar cheques junto con el tesorero y dictar el Código de Ética Profesional.

El artículo 14 da al fiscal cuatro tareas: velar por la observancia de la ley y sus reglamentos y por la ejecución de los acuerdos de la Asamblea General y la Junta Directiva; revisar y avalar con el tesorero los estados financieros y el informe anual de Tesorería; velar por el buen ejercicio de la profesión y por los derechos y deberes de las personas incorporadas; y cumplir las demás funciones que le asignen la ley y los reglamentos (art. 14).

El artículo 15 encarga al tesorero custodiar los fondos del Colegio, mantenerlos depositados en una entidad bancaria, llevar la contabilidad, presentar ante la Asamblea General el estado de ingresos y egresos, el balance de situación, la liquidación del presupuesto y el proyecto de presupuesto del año siguiente, tramitar pagos, supervisar las cajas chicas, seleccionar junto con el presidente al contador y presentar a la Junta Directiva un informe mensual de ingresos y egresos (art. 15).

El artículo 16 detalla las tareas del secretario: redactar y firmar las actas de la Junta Directiva y de la Asamblea General junto con la Presidencia, atender la correspondencia, custodiar el archivo, extender las certificaciones del Colegio y convocar asambleas y sesiones junto con el presidente (art. 16).

El artículo 20 dice que la Junta Directiva administra los fondos del Colegio, formados por las contribuciones ordinarias de los miembros activos, las donaciones, herencias o legados, las subvenciones que acuerden el Poder Ejecutivo, las instituciones de educación superior y cualquier otro ente con excedentes presupuestarios o superávit, los fondos de actividades de capacitación y cualesquiera otros ingresos adicionales (art. 20).

El artículo 2 de la ley 9284 agrega dos incisos al artículo 11 de la ley 5005: la Junta Directiva elabora las modificaciones del reglamento interno y las presenta a Asamblea General Extraordinaria para su ratificación, y cumple las demás funciones de la ley y sus reglamentos (art. 11).

La ley rige a partir de su publicación (art. 2).

A quién le toca

A las personas bachilleres y licenciadas en secretariado profesional o en administración de oficinas, a los diplomados universitarios y parauniversitarios en secretariado y a los graduados en el extranjero que quieran integrar el Colegio: el artículo 2 fija los requisitos de incorporación (art. 2).

A los miembros activos del Colegio: el artículo 20 pone las contribuciones ordinarias como primera fuente de fondos (art. 20).

A los miembros que quieran apelar una decisión de la Junta Directiva o un fallo del Tribunal de Honor: la Asamblea General y la Asamblea General Extraordinaria conocen esas apelaciones (art. 12) (art. 12 bis).

A los miembros que quieran pedir la revocación de una resolución de la Asamblea General: tienen tres días hábiles para presentar el recurso ante la misma Asamblea (art. 12).

A los directores de la Junta Directiva: la Asamblea General Extraordinaria resuelve los casos de reposición por retiro, renuncia o expulsión confirmada (art. 12 bis).

Al presidente, al fiscal, al tesorero y al secretario de la Junta Directiva: los artículos 13, 14, 15 y 16 les asignan atribuciones concretas (art. 13) (art. 14) (art. 15) (art. 16).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 9284 está vigente y SINALEVI muestra una sola versión de la norma, sin observaciones de la Procuraduría General de la República 2.

SINALEVI también tiene vigente la ley 5005, la ley original que la 9284 reforma 3. En el texto consolidado de la 5005 aparecen los artículos 1 y 11 con la nota de que fueron reformados o adicionados por el artículo 1 y el artículo 2 de la ley 9284 del 30 de octubre de 2014.

El texto del artículo 11 que muestra SINALEVI tiene los incisos f) y g) agregados por la ley 9284 3. El resto de los incisos conserva la numeración original, con dos incisos marcados como "d)" en el texto publicado.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la ley 9284 y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 1 de la ley 9284 declara al Colegio un ente público no estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio (art. 1). La Constitución reserva el régimen de instituciones autónomas a los bancos del Estado, las instituciones aseguradoras del Estado, las que la propia Constitución establece y los nuevos organismos que cree la Asamblea Legislativa por votación no menor de dos tercios del total de sus miembros §Constitución, art. 189. La ley 9284 no dice cuántos votos tuvo su aprobación, así que el dossier no permite confirmar si el Colegio entra en ese supuesto. Queda la duda de si el Colegio debe tratarse como institución autónoma o como ente público no estatal con otro régimen.

El artículo 188 de la Constitución dice que las instituciones autónomas gozan de independencia administrativa y están sujetas a la ley en materia de gobierno, y que sus directores responden por su gestión §Constitución, art. 188. La ley 9284 da a la Asamblea General la potestad de elegir a la Junta Directiva y de aprobar o improbar su informe anual (art. 12), y da al presidente la dirección administrativa del Colegio (art. 13). Esas reglas calzan con la idea de independencia administrativa y de responsabilidad de los directores, siempre que el Colegio se tenga por institución autónoma.

El artículo 2 de la ley 9284 incluye entre los miembros a los graduados de instituciones de enseñanza superior públicas y privadas reconocidas por el Estado (art. 2). La Constitución garantiza la libertad de enseñanza y somete todo centro docente privado a la inspección del Estado §Constitución, art. 79, y organiza la educación pública como un proceso integral correlacionado en sus diversos ciclos §Constitución, art. 77. El Censo no ve choque entre esas reglas y la forma en que la ley define a los miembros del Colegio.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto del Colegio viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. El recurso se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos.

Si considera que la ley 9284 choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Para interponerla se requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si el Colegio maneja fondos públicos de forma irregular, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La denuncia se presenta de forma escrita o verbal para que la Contraloría investigue un hecho que se presume irregular en el manejo de recursos públicos §guía, p. 68. Las vías son la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones en Sabana Sur, los teléfonos 2501-8000 y 2501-8025, el portal institucional, el correo contraloria.general@cgrcr.go.cr, el Apartado Postal 1179-1000 San José o el fax 2501-8100.

Si el Colegio le brinda un servicio y funciona mal, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos e intereses por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios puede presentar la queja §guía, p. 71. La Defensoría protege los derechos e intereses de cada habitante ante actuaciones irregulares de las instituciones públicas cuando brindan sus servicios.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos y en los procedimientos por seguir.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántos votos tuvo la aprobación de la ley 9284 en la Asamblea Legislativa.

El dossier no incluye el texto completo de la ley 5005 fuera de los artículos 1 y 11, así que no se puede comparar artículo por artículo con la versión anterior.

El dossier no dice cuánto pagan los miembros activos como contribución ordinaria ni cómo se fija ese monto.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.