Taxistas con permiso viejo podrán seguir trabajando un año más

Qué cambia

La ley reforma el transitorio X de la Ley 7969 y autoriza al Consejo de Transporte Público a dar permisos de taxi a dos grupos de personas (art. único).

El primer grupo son los prestatarios que fueron permisionarios o concesionarios y que estaban inscritos como empresarios de taxi ante el Consejo antes de que entrara en vigencia la Ley 7969 (art. único). Cuenta tanto quien participó en el primer procedimiento especial abreviado de transporte en taxi como quien no participó.

El segundo grupo son los permisionarios que presentaron documentos de su permiso, como revisión técnica vehicular, pago de seguros, renovación del permiso, certificación de permiso y pago de cánones (art. único). También deben haber prestado el servicio de hecho con expediente administrativo, aunque no tuvieran acuerdo de comisión técnica, y no haber resultado adjudicados.

En ambos casos hay una condición: la persona tuvo que pedir el permiso con base en la publicación que hizo el Consejo de Transporte Público para cumplir la Ley 8833 (art. único).

Los permisos se dan en las condiciones operativas originales, por una única vez y hasta por doce meses, o mientras se hace la adjudicación por licitación pública (art. único).

La ley se publicó el 9 de julio de 2015 (art. único). La Procuraduría General de la República anota que, como la ley no indica fecha de entrada en vigencia, empieza a regir diez días después de su publicación, según el artículo 129 de la Constitución 2.

A quién le toca

A los exempleados permisionarios y exconcesionarios de taxi que estaban inscritos y registrados como empresarios de taxi ante el Consejo de Transporte Público antes de que entrara en vigencia la Ley 7969 (art. único).

A los permisionarios que aportaron documentos probatorios de su permiso, prestaron el servicio de hecho con expediente administrativo y no resultaron adjudicados (art. único).

A esas mismas personas se les pide haber solicitado el permiso con base en la publicación del Consejo de Transporte Público hecha para cumplir la Ley 8833 (art. único).

Lo que se dijo en la Asamblea

Las grabaciones del dossier tratan otros proyectos de transporte y no discuten la Ley 9306. En la sesión del 6 de febrero de 2025, la comisión con potestad legislativa plena segunda aprobó incluir a un representante de los usuarios dentro del Consejo de Transporte Público 00:00:23.

El diputado del Frente Amplio Jonathan Acuña dijo que no le complacía que se eliminara la presencia del Ministerio de Ambiente en ese consejo 00:01:07. También afirmó: "más que discutir este proyecto el ctp tiene que desaparecer" 00:01:42.

En la sesión del 9 de agosto de 2023, representantes de la Asociación Nacional de Empleados Públicos y Privados (ANEP) apoyaron agregar un párrafo al artículo 21 de la ley de transporte para que el incumplimiento laboral sea causal de resolución del contrato de concesión 00:00:09. Nicole Chacón, consultora jurídica externa de ANEP, dijo: "para nosotros sería un verdadero triunfo desde la de punto de vista las garantías laborales" 00:00:53.

Ninguna de esas intervenciones se refiere al texto de la Ley 9306.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente y SINALEVI muestra una sola versión de la norma 2. No aparece reformada, corregida ni derogada.

La observación de la Procuraduría General de la República es sobre la entrada en vigencia: al no indicar fecha de rige, la ley empieza a regir diez días después de su publicación, según el artículo 129 de la Constitución Política 2.

El texto vigente en SINALEVI coincide con el texto aprobado que reproduce el dossier (art. único).

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta reforma y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

El artículo 121 dice que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa "Dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica" §Constitución, art. 121. La reforma se hizo por ley de la Asamblea, así que calza con esa atribución (art. único).

El artículo 182 ordena que los contratos para obras públicas y las compras con fondos públicos se hagan mediante licitación §Constitución, art. 182. El transitorio reformado da permisos temporales hasta por doce meses o mientras se hace la adjudicación por licitación pública (art. único). Esa salida temporal podría generar dudas sobre cómo se combina con la regla de licitación, pero el texto mismo remite a la licitación.

El artículo 50 dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes y organizará la producción con el más adecuado reparto de la riqueza §Constitución, art. 50. La reforma busca acomodar a transportistas que ya operaban, y no se ve un choque con esa norma (art. único).

Qué puede hacer usted

Si usted es uno de los transportistas alcanzados y el Consejo de Transporte Público le niega el permiso, puede presentar un recurso de amparo si considera que un acto u omisión de un órgano público violó o amenaza violar un derecho fundamental §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede interponer en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos.

Si lo que quiere es atacar la ley misma por contrariar la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional.

La acción de inconstitucionalidad requiere, por regla general, un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa §guía, p. 24. No se necesita ese caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si el problema es el mal funcionamiento del Consejo de Transporte Público como institución pública, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Puede hacerlo cualquier persona que habite en Costa Rica y haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios.

Si sospecha un manejo irregular de recursos públicos en el otorgamiento de estos permisos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. Las denuncias se presentan de forma escrita o verbal, en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas personas califican para estos permisos ni cuántos permisos se han otorgado desde 2015.

El dossier no incluye el texto completo de la Ley 8833 ni la publicación del Consejo de Transporte Público que la reforma menciona como requisito.

El dossier no permite saber si la licitación pública a la que remite el transitorio ya se hizo o sigue pendiente.