Compras públicas ahora por un solo sistema digital y con datos abiertos

Qué cambia

Toda compra pública debe hacerse por el Sistema digital unificado de compras públicas. La ley dice que ese sistema será único y centralizado y que lo administrará el Poder Ejecutivo (art. 40).

El sistema tiene que mostrar cada etapa del procedimiento de compra (art. 40). También debe publicar los documentos en formatos que el público pueda descargar, copiar, manipular y reproducir.

Para firmar y actuar dentro del sistema, la administración y los particulares deben seguir la Ley 8454, de Certificados, Firmas Digitales y Documentos Electrónicos (art. 40).

Cada institución pública que contrate debe poner en su página web un enlace al sistema digital (art. 40 bis). Además debe publicar en su web, en lenguaje fácil de entender, seis cosas: el anuncio de que iniciará una contratación y qué va a comprar; los puntos más importantes del cartel; cada oferta recibida, apenas cierre el plazo; el oferente escogido y las razones; los términos más importantes del contrato; y cualquier otra información que fije el reglamento.

Las instituciones que contratan sin concurso porque hay un solo proveedor también deben publicar esa información en su web (art. 40 bis). Lo mismo aplica a los entes públicos no estatales y a las empresas públicas del artículo 2, y a los casos del artículo 2 bis.

Los entes que al entrar en vigencia la ley no tuvieran los recursos humanos y digitales tenían un plazo improrrogable de un año para cumplir (art. Transitorio Único). El ente que administra el sistema podía dar hasta seis meses más, en casos justificados.

La ley rige desde su publicación, el 31 de agosto de 2016 (art. Único).

A quién le toca

A toda institución pública que haga cualquier tipo de contratación regulada por la Ley 7494. Debe enlazar el sistema digital en su web y publicar los datos del artículo 40 bis (art. 40 bis).

A los entes públicos no estatales y a las empresas públicas mencionadas en el artículo 2 de la Ley 7494. También les toca publicar esa información en su web (art. 40 bis).

A los proveedores que contratan con el Estado. Deben usar el sistema digital y ajustarse a la Ley 8454 sobre firmas digitales (art. 40).

Al Poder Ejecutivo. Le corresponde administrar el sistema único y centralizado de compras (art. 40).

A cualquier persona que quiera revisar una compra pública. La institución debe darle los documentos en formatos que pueda descargar y reproducir (art. 40).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la 1 de 1 2.

La Procuraduría General de la República anota que la norma se publicó en formato digital en La Gaceta que se indica 2.

El artículo 40 que muestra SINALEVI es el texto reformado por esta misma ley 3. La Ley 7494 aparece como derogada en SINALEVI, pero el texto del artículo 40 que se cita es el que dejó la Ley 9395.

Frente a la Constitución

El artículo 182 de la Constitución ordena que las compras que hagan los Poderes del Estado, las municipalidades y las instituciones autónomas se hagan mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto §Constitución, art. 182. El artículo 40 de la Ley 9395 manda que toda la actividad de contratación se haga por el sistema digital único (art. 40). El Censo no encontró choque: la ley regula cómo se hace la licitación, no la elimina.

El artículo 30 de la Constitución garantiza el libre acceso a los departamentos administrativos para informarse sobre asuntos de interés público §Constitución, art. 30. El artículo 40 bis obliga a publicar en la web las ofertas, el oferente escogido y los términos del contrato (art. 40 bis). Esto va en la misma dirección del artículo 30.

El artículo 27 de la Constitución garantiza la libertad de petición ante cualquier funcionario público y el derecho a obtener pronta resolución §Constitución, art. 27. La ley no fija un plazo para que la institución responda a quien pide información del sistema. El Censo no encontró choque directo, pero el silencio sobre plazos de respuesta deja una duda menor.

Qué puede hacer usted

Si una institución no publica en su web las ofertas o el contrato, puede presentar una denuncia ante la Contraloría General de la República. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos y revisa los contratos que firman las instituciones §guía, p. 68.

Puede denunciar de forma presencial en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club §guía, p. 68.

También puede llamar al 2501-8000 (central telefónica) o al 2501-8025 (Área de Denuncias e Investigaciones) §guía, p. 68.

Otras vías: el portal de Denuncia Electrónica de la Contraloría, el correo contraloria.general@cgrcr.go.cr, el Apartado Postal 1179-1000 San José, o el fax 2501-8100 §guía, p. 68.

Si el problema es el mal funcionamiento de un servicio público, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Si un acto concreto de una institución le viola un derecho, puede interponer un recurso de amparo. Cualquier persona puede presentarlo contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22.

Si quiere cambiar la ley, puede usar la iniciativa popular. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas instituciones pidieron el plazo adicional del Transitorio Único ni cuántas lo usaron.

El dossier no dice cuál es el nombre oficial del sistema digital ni en qué dirección web está.

El dossier no incluye el reglamento que fija la información adicional del inciso f) del artículo 40 bis.