Municipalidades costeras tienen cuatro años para aprobar su plan regulador

Qué cambia

La ley 9408 reforma el artículo 4 de la Ley 9242 y el transitorio I de la Ley 9221. Fija en cuatro años el plazo de las municipalidades costeras para aprobar su Plan Regulador Costero (art. 1).

El texto original de la Ley 9242 decía ocho años. SINALEVI muestra hoy ese artículo con ocho años, porque una ley posterior (la 10735, del 1 de julio de 2025) volvió a ampliar el plazo 1. La versión que rige hoy es la de ocho años, no la de cuatro que aprobó la ley 9408.

Mientras corre el plazo, la municipalidad puede conservar las construcciones existentes. La condición es que ninguna autoridad administrativa o judicial haya acreditado daño ambiental, o peligro de daño al ambiente (art. 1).

Esas construcciones se pueden usar a título precario. Para eso hay que pagar un canon por uso de suelo, fijado por la municipalidad de cada jurisdicción. Ese pago no genera derecho alguno (art. 1).

Cuando entre en vigencia el Plan Regulador Costero, las construcciones que se conserven deberán ajustarse a esa planificación. Para eso se sigue el procedimiento del artículo 3 de la Ley 9242 (art. 1).

El artículo 2 hace lo mismo con el transitorio I de la Ley 9221. Las municipalidades con jurisdicción en zona marítimo terrestre tienen cuatro años para tramitar la declaratoria de zona urbana litoral (art. 2).

Hecha la declaratoria, la municipalidad tiene cuatro años desde la publicación del decreto ejecutivo para aprobar y publicar el Plan Regulador Urbano (art. 2).

Durante esos plazos se pueden conservar construcciones existentes, con tres límites. No pueden estar en espacios abiertos al uso común ni en áreas de patrimonio natural del Estado. No pueden dificultar el libre acceso a la costa ni impedir el disfrute de la playa. Y no debe haber daño ambiental acreditado (art. 2).

Si la construcción ya calza con el Plan Regulador Urbano, el interesado debe gestionar la concesión en un plazo máximo de seis meses (art. 2).

Si necesita modificaciones, la municipalidad previene al interesado en un plazo de seis meses desde la entrada en vigencia del plan. El interesado tiene seis meses improrrogables para hacer los cambios (art. 2).

Cumplida la prevención, el interesado gestiona la concesión en un plazo máximo de seis meses. Si no cumple, la municipalidad desaloja a las personas en ocupación ilegítima y demuele las obras (art. 2).

El procedimiento no perdona el pago de tasas, cánones, multas o precios públicos a favor de las municipalidades. Solo valen las exoneraciones que dé la ley (art. 2).

El cómputo del plazo ampliado empieza a correr desde la entrada en vigencia de la ley 9408 (art. 3). La ley rige desde su publicación.

A quién le toca

A las municipalidades con jurisdicción en la zona restringida de la zona marítimo terrestre que no tengan Plan Regulador Costero vigente. Deben aprobar el plan en el plazo que fija la ley (art. 1).

A las municipalidades con jurisdicción en zona marítimo terrestre que quieran tramitar una declaratoria de zona urbana litoral (art. 2).

A las personas que ocupan construcciones existentes en esas zonas. Pueden conservarlas y usarlas a título precario si pagan el canon municipal (art. 1) (art. 2).

A los interesados en obtener una concesión cuando entre en vigencia el Plan Regulador Urbano. Tienen plazos de seis meses para gestionarla o para hacer modificaciones (art. 2).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 9408 está vigente. SINALEVI registra una sola versión de la norma 2.

La Procuraduría General de la República observa que la norma se publicó en formato digital en La Gaceta que se indica 2.

Hay una diferencia entre el texto aprobado y el vigente. La ley 9408 fijó cuatro años en el artículo 4 de la Ley 9242 (art. 1). SINALEVI muestra hoy ese artículo con ocho años, reformado por la Ley 10735 del 1 de julio de 2025 1.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la ley 9408 y los artículos de la Constitución en el dossier.

El artículo 169 pone la administración de los intereses y servicios locales a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. La ley 9408 trabaja sobre plazos municipales, así que calza con esa competencia.

El artículo 170 declara autónomas a las corporaciones municipales §Constitución, art. 170. Fijar plazos por ley a las municipalidades podría generar dudas sobre esa autonomía. La Constitución misma encarga a la ley regular competencias municipales, así que la duda es menor.

El artículo 50 garantiza el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado §Constitución, art. 50. La ley 9408 mantiene la posibilidad de conservar construcciones solo si no hay daño ambiental acreditado (art. 1). Eso calza con el artículo 50.

El artículo 124 exige dos debates y publicación en La Gaceta para que un proyecto sea ley §Constitución, art. 124. El dossier no permite verificar los debates de la ley 9408.

Qué puede hacer usted

Si una municipalidad no aprueba su plan regulador en el plazo, o si una construcción se conserva pese a un daño ambiental, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. Se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación.

También puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra la ley si considera que infringe un principio constitucional §guía, p. 24.

Puede denunciar ante la Contraloría General de la República un manejo irregular de recursos públicos municipales. La Contraloría revisa presupuestos de municipalidades §guía, p. 68.

Puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le falla en un servicio §guía, p. 71.

Puede denunciar ante la Procuraduría Ambiental y de la Zona Marítimo Terrestre violaciones a la zona marítimo terrestre o al ambiente. La denuncia se presenta en papel, con identificación clara del denunciante y del denunciado §guía, p. 70.

Lo que no sabemos

El dossier no dice en qué fecha exacta se publicó la ley 9408 en La Gaceta.

El dossier no permite saber cuántas municipalidades costeras siguen sin Plan Regulador Costero.

El dossier no indica cuánto cobra cada municipalidad por el canon de uso de suelo precario.