Comedores escolares abrirán también fuera del curso lectivo

Qué cambia

La ley 9435 declara de interés público la alimentación de estudiantes en riesgo de exclusión social, pobreza y pobreza extrema, durante el período lectivo y no lectivo (art. 2). El objetivo es promover la equidad, la inclusión y evitar que los estudiantes dejen el sistema educativo (art. 1).

En tiempo lectivo, el Estado debe garantizar alimentación complementaria a la población estudiantil que la autoridad competente seleccione como beneficiaria (art. 4).

El cambio más grande está fuera del curso lectivo. El Estado deberá prestar servicios de alimentación y nutrición en los centros educativos del país fuera del período del curso lectivo (art. 5). Ese beneficio se ofrece únicamente en centros educativos públicos de zona rural y urbana cuyos distritos tengan mayor incidencia y concentración de pobreza y pobreza extrema, según la Encuesta Nacional de Hogares que el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC) haya comunicado oficialmente durante el año anterior.

El INEC clasificará cada año los distritos con una metodología de "suma de posiciones" sobre línea de pobreza, línea de pobreza extrema y necesidades básicas insatisfechas, y armará una lista prioritaria (art. 6). El Ministerio de Educación Pública (MEP), en coordinación con el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), identificará a los estudiantes que seguirán recibiendo el servicio fuera del curso lectivo. Luego el MEP y el IMAS definirán cuántos comedores abrirá el Estado en zonas rural y urbana (art. 7).

La alimentación debe aportar energía, carbohidratos, proteínas, grasas, hierro y calcio en los porcentajes que se definan para cada modalidad (art. 3). También debe atender a menores con diagnóstico de diabetes, celiaquía, obesidad y cualquier otra condición de salud especial.

El financiamiento sale de los recursos del inciso e) del artículo 3 de la Ley 5662, de otros aportes del presupuesto ordinario y extraordinario de la República, de recursos propios de la comunidad educativa, de fuentes nacionales e internacionales dedicadas al combate a la pobreza y de lo que contemple la legislación nacional (art. 8).

El artículo 9 fue reformado por el artículo 1 de la Ley de pagos del Programa Nacional de Comedores Nacionales, N° 10869 del 25 de febrero de 2026. Ahora el MEP consolida cada año el presupuesto de alimentación de los centros abastecidos por proveedores del Programa de Abastecimiento Institucional y paga directamente al Consejo Nacional de la Producción (CNP) (art. 9). El CNP debe pagarles a esos proveedores dentro de los cuarenta y cinco días naturales siguientes a la facturación o a la entrega de los bienes, el acto que ocurra primero. El MEP debe garantizar que las juntas de educación y juntas administrativas tengan recursos para compra de alimentos, equipamiento, mobiliario y mantenimiento de los comedores en época no lectiva.

El Poder Ejecutivo debía reglamentar la ley en seis meses (art. 12).

A quién le toca

A estudiantes de centros educativos públicos en distritos con mayor pobreza y pobreza extrema: reciben alimentación también fuera del curso lectivo (art. 5).

A menores con diagnóstico de diabetes, celiaquía, obesidad u otra condición de salud especial: el programa debe garantizarles una adecuada nutrición (art. 3).

Al Instituto Nacional de Estadística y Censos (INEC): le toca clasificar cada año los distritos con la metodología de "suma de posiciones" (art. 6).

Al Ministerio de Educación Pública (MEP) y al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS): les toca identificar a los beneficiarios y definir cuántos comedores se abren (art. 6) (art. 7).

Al Consejo Nacional de la Producción (CNP): debe pagar a los proveedores del Programa de Abastecimiento Institucional en un plazo de cuarenta y cinco días naturales (art. 9).

A las juntas de educación y juntas administrativas: deben colaborar con la apertura de los comedores en los términos de la ley (art. 11).

Al Estado, instituciones públicas, empresas públicas y personas públicas no estatales: quedan autorizadas para donar servicios, recursos y bienes muebles o inmuebles al MEP (art. 10).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra la versión 2 de 2, es decir, la última versión de la norma 2.

La Procuraduría General de la República anota que la norma fue publicada en formato digital en La Gaceta que se indica 2.

El texto vigente trae el artículo 9 reformado por el artículo 1 de la Ley de pagos del Programa Nacional de Comedores Nacionales, N° 10869 del 25 de febrero de 2026 (art. 9). Esa es la diferencia entre el texto aprobado en 2017 y el que rige hoy: el artículo 9 cambió el manejo de los pagos a proveedores y las obligaciones del MEP sobre recursos para las juntas.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 78 de la Constitución dice que la educación preescolar, general básica y diversificada son obligatorias y, en el sistema público, gratuitas y costeadas por la Nación §Constitución, art. 78. La ley 9435 apunta en la misma dirección: el Estado garantiza alimentación complementaria a estudiantes de centros públicos (art. 4).

El artículo 50 de la Constitución dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes del país, organizando y estimulando la producción y el más adecuado reparto de la riqueza §Constitución, art. 50. La ley declara de interés público la alimentación de estudiantes en pobreza y pobreza extrema (art. 2).

El artículo 21 de la Constitución dice que la vida humana es inviolable §Constitución, art. 21. La ley ordena alimentación nutritiva para menores con condiciones de salud especial (art. 3).

Hay una duda posible sobre el artículo 5. La ley limita el beneficio de época no lectiva a distritos con mayor pobreza según la Encuesta Nacional de Hogares (art. 5). El artículo 78 de la Constitución garantiza gratuidad y financiamiento estatal de la educación general básica sin distinguir por distrito §Constitución, art. 78. El Censo no afirma que eso sea inconstitucional; solo señala que un estudiante de un distrito no priorizado no tendría el mismo acceso fuera del curso lectivo.

Qué puede hacer usted

Si un comedor escolar no abre en época no lectiva en un distrito que la Encuesta Nacional de Hogares marca como prioritario, puede presentar un recurso de amparo. El amparo procede contra toda acción, omisión o actuación de servidores y órganos públicos que viole o amenace violar derechos fundamentales §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio.

Paso a paso para el amparo: escriba con claridad el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que considera violado, el nombre del servidor público o del órgano autor y las pruebas §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida si el derecho lesionado queda claro. Puede presentarlo por memorial, telegrama u otro medio escrito.

Si cree que la ley misma tiene un problema de fondo, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Para interponerla se requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando se trate de la defensa de intereses difusos o que atañen a la colectividad.

Si el problema es que una institución pública no está usando bien los fondos del programa, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. La CGR fiscaliza el uso de los fondos públicos §guía, p. 68. Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club; por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025; por el portal institucional; por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr; por apartado postal 1179-1000 San José; o por fax al 2501-8100.

Si el problema es el mal funcionamiento del servicio en una institución pública, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios puede presentarla §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, existe la iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántos comedores se abrieron ni cuántos estudiantes reciben el beneficio fuera del curso lectivo.

El dossier no incluye el reglamento que el Poder Ejecutivo debía emitir en seis meses.

El dossier no dice cuánto dinero se ha ejecutado del presupuesto de alimentación.

El dossier no permite saber qué distritos están en la lista prioritaria del INEC.