La ley permite cambiar cárcel por trabajo comunitario

Qué cambia

La Ley 9525 cambia el artículo 56 bis del Código Penal. Ahora el juez puede cambiar una pena de prisión por servicio de utilidad pública (art. único).

El servicio de utilidad pública es trabajo gratuito con fines comunitarios y socioeducativos. La persona condenada lo hace a favor de instituciones públicas y de asociaciones o fundaciones que estén en la red creada para este artículo (art. único).

El juez puede imponerlo como pena principal o como pena sustitutiva de la prisión (art. único).

Para cambiar la prisión por este servicio, el tribunal sentenciador debe revisar seis requisitos (art. único):

a) Que la pena de prisión no sea superior a cinco años.

b) Que en el delito no se hayan usado armas, salvo lo que dice la Ley 7530, Ley de Armas y Explosivos.

c) Que el delito no se haya cometido con grave violencia física sobre la víctima.

d) Que el sentenciado no tenga antecedentes penales por delitos dolosos con pena superior a seis meses.

e) Que no se trate de delitos de crimen organizado, delitos contra los deberes de la función pública, delitos sexuales, homicidio doloso o feminicidio.

f) Que la persona sentenciada tenga disposición de restaurar el daño, voluntad de continuar un proyecto de vida al margen del delito y compromiso de cumplir las condiciones que impongan la autoridad judicial y penitenciaria.

El juez de sentencia fija la cantidad de horas y el plazo. La pena no puede ser superior a mil horas por año (art. único).

La autoridad penitenciaria, por medio del programa en comunidad, define el lugar, el horario y el plan de cumplimiento. No puede interferir con la jornada laboral o educativa de la persona condenada. Además, debe informar cada trimestre al juzgado de ejecución de la pena (art. único).

Si hay incumplimiento, la autoridad penitenciaria lo informa de inmediato al juzgado de ejecución de la pena. El juzgado da audiencia por cinco días a la defensa y al Ministerio Público, y convoca a vista oral. Contra lo resuelto cabe apelación con efecto suspensivo, en cinco días, ante el tribunal sentenciador (art. único).

El incumplimiento injustificado faculta al juzgado a revocar el servicio. Entonces la persona debe cumplir la prisión originalmente impuesta. Cada ocho horas de servicio equivalen a un día de prisión (art. único).

El Ministerio de Justicia y Paz debe articular redes institucionales y con la sociedad civil. También lleva un registro de las entidades autorizadas y lo informa periódicamente al Poder Judicial. Si una entidad favorece el incumplimiento o dificulta el control, la excluyen de la red y del registro (art. único).

La ley rige un mes después de su publicación (art. único).

A quién le toca

A las personas condenadas a prisión de hasta cinco años que cumplan los seis requisitos del artículo (art. único).

A las personas con antecedentes penales por delitos dolosos con pena superior a seis meses: el artículo no las incluye (art. único).

A quienes fueron condenadas por crimen organizado, delitos contra los deberes de la función pública, delitos sexuales, homicidio doloso o feminicidio: el artículo no las incluye (art. único).

Al Ministerio de Justicia y Paz, que debe articular la red y llevar el registro de entidades autorizadas (art. único).

A la autoridad penitenciaria, que define lugar, horario y plan de cumplimiento, y reporta cada trimestre (art. único).

A las instituciones públicas, asociaciones y fundaciones que quieran estar en la red de beneficiarios del servicio (art. único).

Al juzgado de ejecución de la pena, que revisa incumplimientos y puede revocar el servicio (art. único).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente. SINALEVI registra la norma como "Reforma Código Penal", versión 1 de 1, sin observaciones 2.

El texto vigente del artículo 56 bis en el Código Penal coincide con el texto aprobado por la Ley 9525 3.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta reforma y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

El artículo 35 dice que nadie puede ser juzgado por comisión, tribunal o juez especialmente nombrado para el caso, sino por los tribunales establecidos de acuerdo con la Constitución §Constitución, art. 35. La ley deja la decisión en el tribunal sentenciador y en el juzgado de ejecución de la pena, que son tribunales establecidos (art. único).

El artículo 56 dice que el trabajo es un derecho del individuo y una obligación con la sociedad §Constitución, art. 56. El servicio de utilidad pública es trabajo gratuito con fines comunitarios y socioeducativos (art. único).

El artículo 11 dice que los funcionarios públicos están obligados a cumplir los deberes que la ley les impone y no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella §Constitución, art. 11. La ley asigna deberes concretos al Ministerio de Justicia y Paz y a la autoridad penitenciaria (art. único).

Queda una duda sobre el artículo 56: la Constitución dice que el Estado debe procurar que todos tengan ocupación honesta y útil, debidamente remunerada §Constitución, art. 56. El servicio de utilidad pública es gratuito (art. único). El Censo no puede decir si eso choca; solo lo señala.

Qué puede hacer usted

Si usted considera que un acto concreto de la autoridad penitenciaria o del juzgado viola un derecho suyo, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional §guía, p. 22.

El amparo se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

En el escrito debe expresar con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado o amenazado, el nombre del servidor público o del órgano, y las pruebas de cargo. No hace falta citar la norma constitucional infringida §guía, p. 23.

Puede presentarlo por memorial, telegrama u otro medio escrito, sin otras formalidades §guía, p. 23.

Si lo que quiere es impugnar la ley misma, existe la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para interponerla, el artículo 75 pide que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa. No se necesita caso pendiente cuando no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos §guía, p. 24.

Si quiere proponer una reforma a esta ley, existe la iniciativa popular. Revisadas las firmas y verificado el porcentaje requerido, el TSE traslada el proyecto a la Asamblea Legislativa §guía, p. 26.

La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar los proyectos §guía, p. 26.

Si sospecha un manejo irregular de fondos públicos en la red de entidades autorizadas, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Se puede hacer personalmente en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional o por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si una institución pública le brinda mal un servicio relacionado con esta pena, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas personas han pedido el cambio de prisión por servicio de utilidad pública desde que rige la ley.

El dossier no dice cuántas entidades están inscritas en la red del Ministerio de Justicia y Paz.

El dossier no incluye el texto completo de la Ley 7530, Ley de Armas y Explosivos, que el artículo menciona en el requisito b).

El dossier no tiene grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.