Depósitos judiciales sin reclamar en 10 años van a pensiones

Qué cambia

Si usted tiene dinero depositado en un juicio que ya terminó o que se abandonó, tiene diez años para pedir que se lo devuelvan. Pasado ese plazo, el derecho prescribe y la plata se gira al Régimen No Contributivo de Pensiones (RNC) que administra la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) (art. 2).

La ley le da un fin social a esos dineros y a los intereses que generan, ya sea que estén en cuentas bancarias, certificados a plazo o cualquier otro producto financiero, en cualquier tipo de moneda (art. 1). El objetivo declarado es ayudar a personas que necesitan amparo económico inmediato o que no califican en los regímenes contributivos.

Una vez que la plata entra al RNC, no cabe ningún reclamo posterior ni proceso oponible (art. 2).

El dinero no se puede usar para pagar gastos de administración de ningún régimen de pensión, ni para saldar gastos propios de la CCSS (art. 3).

El Poder Judicial debe llevar un registro automatizado y actualizado de cada expediente concluido o abandonado que tenga cuenta con depósito, títulos valores o inversiones (art. 4). Cada seis meses debe comunicar a la CCSS la lista de los procesos que ya cumplieron los diez años. El Poder Judicial ordena al banco hacer la transferencia, y las tres partes (Poder Judicial, CCSS y banco) coordinan la rendición de cuentas.

El transitorio único daba seis meses a la Unidad Macro Proceso Financiero Contable y a la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial para consolidar la información, y el mismo plazo al Consejo Superior y a la Corte Plena para ordenar el traslado (art. Transitorio Único). Ese transitorio fue anulado por la Sala Constitucional mediante el voto N° 024684 del 11 de diciembre de 2019, por infringir el principio de irretroactividad del artículo 34 constitucional; luego la resolución N° 001752 del 28 de enero de 2020 anuló esa sentencia, de modo que el texto volvió a su versión original.

La ley rige desde su publicación, el 22 de junio de 2018 (art. Rige a partir de su publicación).

A quién le toca

A cualquier persona o parte que tenga dinero depositado en un proceso judicial contencioso o no contencioso, en cualquier órgano y materia, que ya se concluyó o se abandonó por auto, resolución o sentencia: tiene diez años para pedir la devolución (art. 2).

A las personas en necesidad de amparo económico inmediato o que no califican en los regímenes contributivos existentes: son las beneficiarias del RNC que administra la CCSS (art. 1).

Al Poder Judicial y sus circuitos: deben mantener el registro automatizado y comunicar la lista cada seis meses a la CCSS (art. 4).

A la CCSS: recibe los recursos en una cuenta bancaria abierta para ese fin y coordina la rendición de cuentas (art. 4).

A los bancos que administran esos depósitos: reciben la orden del Poder Judicial de hacer las transferencias entre cuentas (art. 4).

Lo que se dijo en la Asamblea

La comisión de asuntos sociales aprobó por unanimidad el expediente 20 mil 286, según se escucha en la grabación 00:00:09. El proyecto proponía darle un fin social a los recursos de depósitos de juicios concluidos o abandonados que no se reclamen en diez años 00:00:23.

Según datos de la Dirección Ejecutiva del Poder Judicial al primero de febrero de 2017, esos recursos ascendían a 13 mil 452 millones de colones, dijo la persona que presenta el dictamen 00:00:44.

Sobre el destino de la plata, la grabación plantea dos posibilidades: ampliar el monto de la pensión, que en ese momento era de 129 mil colones, o ampliar la base de cobertura, que cubría alrededor del 75 por ciento de las personas en condición de pobreza 00:00:55. La decisión de aumentar el monto o ampliar la base queda en manos de la Caja 00:01:12.

La misma intervención afirma que esto vendrá a solucionar problemas de pobreza y pobreza extrema en el corto plazo 00:01:20.

En la misma sesión, la comisión también dictaminó el proyecto 20 mil 108 sobre adopción de personas mayores de edad, que no forma parte de esta ley 00:01:26.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente y SINALEVI muestra la versión 3 de 3 3. La Procuraduría General de la República observa que la norma fue publicada en formato digital en La Gaceta que se indica.

El texto consolidado incluye la nota sobre el transitorio único: la Sala Constitucional anuló ese numeral por el voto N° 024684 del 11 de diciembre de 2019, por infringir el principio de irretroactividad del artículo 34 constitucional, y después la resolución N° 001752 del 28 de enero de 2020 anuló esa sentencia, por lo que el texto mostrado es la versión original tal como se publicó en La Gaceta (art. Transitorio Único).

Frente a la Constitución

El artículo 73 de la Constitución ordena que los fondos y reservas de los seguros sociales no se transfieran ni se empleen en finalidades distintas a las que motivaron su creación §Constitución, art. 73. La ley dirige la plata al RNC de la CCSS y prohíbe usarla para gastos de administración o gastos propios de la Caja (art. 3), lo que calza con ese mandato.

El artículo 73 también manda que el Estado garantice los seguros sociales y el artículo 177 ordena crear rentas suficientes a favor de la CCSS y asumir el déficit si esas rentas no alcanzan §Constitución, art. 177. La ley suma una fuente de recursos al RNC, lo que apunta en la misma dirección.

El artículo 34 constitucional prohíbe la irretroactividad de la ley, y fue el que la Sala Constitucional usó para anular el transitorio único en el voto N° 024684 del 11 de diciembre de 2019 (art. Transitorio Único). Esa sentencia fue después anulada por la resolución N° 001752 del 28 de enero de 2020. El Censo no encontró en el dossier el texto del artículo 34 ni el de esas resoluciones, así que no puede detallar el alcance del posible choque.

El artículo 50 manda al Estado procurar el mayor bienestar a todos los habitantes y el más adecuado reparto de la riqueza §Constitución, art. 50. Dirigir dineros sin reclamar a personas en necesidad de amparo económico apunta a ese fin.

El Censo no encontró un choque claro entre el texto vigente y los artículos constitucionales del dossier, salvo la duda sobre irretroactividad que ya resolvió la propia Sala Constitucional al anular su primera sentencia.

Qué puede hacer usted

Si tiene plata depositada en un juicio concluido o abandonado, pida la devolución ante el juzgado donde está el expediente antes de que se cumplan los diez años (art. 2).

Si un acto concreto del Poder Judicial o de la CCSS le viola un derecho al aplicar esta ley, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, contra el servidor u órgano que aparece como presunto autor del agravio, y se plantea por memorial, telegrama u otro medio escrito §guía, p. 22. El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos.

Si considera que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Para interponerla se requiere un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Si sospecha un manejo irregular de los recursos públicos que entran al RNC, puede denunciar ante la Contraloría General de la República, que fiscaliza los fondos públicos de instituciones autónomas como la CCSS §guía, p. 68. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones en Sabana Sur, por los teléfonos 2501-8000 o 2501-8025, por el portal institucional, al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr, al apartado 1179-1000 San José o por fax al 2501-8100.

Si una institución pública le falla en la prestación del servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes, que protege los derechos e intereses de todas las personas que habitan en Costa Rica §guía, p. 71. La Defensoría no investiga casos que estén a la espera de una resolución judicial.

Si quiere cambiar esta ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular: el proyecto se tramita por los procedimientos legislativos ordinarios y debe votarse en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánta plata ha entrado al RNC desde que rige la ley.

El dossier no incluye el texto del artículo 34 constitucional ni el de las resoluciones de la Sala Constitucional sobre el transitorio único.

El dossier no dice cuántas personas reciben hoy el RNC ni el monto actual de la pensión.

El dossier no dice si la CCSS ya abrió la cuenta bancaria que menciona el artículo 4.