La ley que blinda la casa familiar y exime de impuestos

Qué cambia

La ley permite poner una casa a nombre de la familia y protegerla de embargos. El dueño hace la afectación a favor de su cónyuge o conviviente, si es unión de hecho (art. 43). También a favor de hijos e hijas menores de edad. Y de hijos mayores, pero solo mientras necesiten alimentos.

La protección también cubre a personas adultas que no pueden cubrir solas sus necesidades básicas (art. 43). Para eso deben cumplir tres requisitos. Primero, pertenecer al grupo familiar. Segundo, habitar en el inmueble. Tercero, tener una discapacidad que exija apoyos permanentes y generalizados, o estar en la vejez.

La afectación se hace en escritura pública (art. 43). Se inscribe en el registro correspondiente. Surte efectos desde la fecha de inscripción. Ni la afectación ni su cese pagan impuestos ni derechos de registro.

La afectación termina por muerte de los beneficiarios (art. 47). También cuando cesa la obligación alimentaria con los hijos e hijas mayores de edad. Para las personas con discapacidad que requieran apoyos permanentes y generalizados, o para las adultas mayores, termina cuando se supera la situación de dependencia económica.

También puede terminar por disposición judicial (art. 47). La pide el propietario y debe comprobar la utilidad o necesidad de la desafectación. El juez decide con criterios de razonabilidad y proporcionalidad. Y la desafectación debe ser a favor de las personas beneficiarias.

La ley rige desde su publicación (art. 47). Se publicó por segunda vez en La Gaceta N° 137 del 30 de julio de 2018 2.

A quién le toca

Al propietario de un inmueble que quiera protegerlo para su familia (art. 43).

Al cónyuge o conviviente en unión de hecho (art. 43).

A los hijos e hijas menores de edad (art. 43).

A los hijos e hijas mayores de edad, mientras requieran alimentos (art. 43).

A las personas adultas del grupo familiar que habiten el inmueble y tengan una discapacidad que exija apoyos permanentes y generalizados, o que estén en la vejez (art. 43).

Al propietario que quiera pedir a un juez el fin de la afectación, si comprueba utilidad o necesidad (art. 47).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente 2. SINALEVI muestra una sola versión de la norma. La Procuraduría General de la República anota que la norma se publicó por segunda vez en La Gaceta N° 137 del 30 de julio de 2018.

El texto vigente del artículo 43 del Código de Familia es el que aprobó la Ley 9580 3. SINALEVI lo confirma con la nota: "Así reformado por el artículo 1° de la Ley para ampliar la Protección del Patrimonio Familiar, N° 9580 del 12 de junio del 2018".

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y la Constitución del dossier. La Constitución manda al Estado proteger a la familia §Constitución, art. 51. También a la madre, al niño y a la niña, a las personas adultas mayores y a las personas con discapacidad. La ley hace eso: da un escudo legal al inmueble donde vive la familia (art. 43).

Hay una duda sobre la propiedad. La Constitución dice que la propiedad es inviolable y que a nadie se le puede privar de la suya sin interés público comprobado e indemnización previa §Constitución, art. 45. La ley permite que un juez ordene el fin de la afectación a solicitud del propietario (art. 47). Esa salida judicial podría leerse como un equilibrio. Pero el texto no dice cómo se valora el interés de las personas beneficiarias frente al del dueño.

Otra duda: la Constitución permite limitar la propiedad por necesidad pública, con voto de dos tercios de la Asamblea §Constitución, art. 45. Aquí la limitación nace de un acuerdo privado entre el dueño y su familia, no de una ley de necesidad pública (art. 43).

Qué puede hacer usted

Si es dueño y quiere proteger su casa, vaya a un notario. Pida una escritura pública de afectación (art. 43). Inscríbala en el Registro de la Propiedad. No paga timbres ni derechos de inscripción.

Si es beneficiario y cree que le violaron un derecho, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Lo puede poner cualquier persona. Se presenta contra el servidor o el órgano que causó el agravio. Se puede poner en cualquier tiempo mientras exista la violación, o hasta dos meses después de que cesen sus efectos.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional. Necesita un asunto pendiente ante los tribunales, salvo cuando se defiendan intereses difusos o no haya lesión individual y directa.

Si un funcionario público le aplica mal la ley, puede quejarse ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Atiende asuntos por mal funcionamiento de los servicios de las instituciones públicas. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja.

Si quiere cambiar la ley, existe la iniciativa popular §guía, p. 26. Necesita reunir las firmas que exige la ley y el Tribunal Supremo de Elecciones las revisa. Luego el proyecto pasa a la Asamblea Legislativa.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas afectaciones se han inscrito desde 2018.

El dossier no explica qué pasa si el propietario quiere vender la casa afectada.

El dossier no aclara cómo se prueba la "dependencia económica" de una persona adulta mayor.

El dossier no trae grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.