Minae da permisos de 24 meses para sacar material de ríos y canteras

Qué cambia

El Estado, por medio del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), otorga permisos y concesiones temporales a los ministerios, al Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) y a las municipalidades para extraer materiales de cauces de dominio público o canteras (art. 1). Esos permisos duran veinticuatro meses y se pueden prorrogar una única vez, por igual plazo, siempre que se justifique para terminar obras públicas a cargo de la institución.

Para obtener el permiso hay que cumplir un trámite. La institución presenta una solicitud escrita con la ubicación del lugar de extracción (art. 1). También entrega un plan de explotación y justifica el destino de los materiales, que debe ser únicamente para obras públicas. Debe nombrar a un profesional en geología o ingeniería de minas como responsable y director de la explotación; si hay inopia comprobada se puede nombrar a un profesional calificado con experiencia en áreas afines, y los honorarios se regulan por decreto ejecutivo. Si el concesionario no hace las obras directamente, debe indicar a la Dirección de Geología y Minas (DGM) el nombre del contratista o subcontratista.

Recibida la solicitud, la DGM hace una inspección y emite recomendaciones. Si son afirmativas, recomienda al ministro de Ambiente y Energía que otorgue el permiso, el cual debe contener la ubicación del sitio, el volumen autorizado, el plazo, el método de extracción, la maquinaria, el profesional responsable y las prevenciones ambientales (art. 1).

Si se quiere explotar más allá de ese plazo, hay que cumplir lo que dicen los artículos 76 y 77 del Código de Minería y su reglamento (art. 1).

Todo daño ambiental es responsabilidad de la institución permisionaria o concesionaria o, en su caso, del contratista o subcontratista, así como del geólogo o ingeniero de minas encargado (art. 1).

La ley prohíbe terminantemente comercializar los materiales extraídos al amparo de una autorización otorgada por este artículo al Estado, al Conavi, a sus órganos y a las municipalidades (art. 1). Transgredir esa prohibición ocasiona la cancelación inmediata de la autorización y la aplicación de las sanciones correspondientes a los funcionarios responsables y, en su caso, al contratista o subcontratista.

La ley también reforma el artículo 3 de la Ley 8668 sobre permisos especiales en emergencias. En casos de emergencia nacional o regional declarada por el Poder Ejecutivo conforme a la Ley 8488, la municipalidad afectada, en coordinación con la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias, comunica a la DGM la información del caso (art. 2). Entre los requisitos nuevos está una carta del jerarca de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias que declare que la obra es necesaria para mitigar la emergencia o prevenir daños mayores. Para emergencias locales y menores, la municipalidad coordina con los comités regionales, municipales y comunales de emergencia y comunica a la DGM mediante un informe. Ante riesgo inminente de emergencia, la municipalidad aporta un informe del Comité Cantonal de Emergencias que indique que las obras son necesarias o imperiosas como mecanismo de mitigación.

El artículo 9 de la Ley 8668 queda así: si el plazo de extracción supera los veinticuatro meses, ya sea en cauces o canteras, la municipalidad tiene que acogerse al Código de Minería (art. 3).

La ley rige a partir de su publicación. El texto dice que se dio en la Presidencia de la República, San José, a los diecinueve días del mes de diciembre de dos mil dieciocho (art. 3).

A quién le toca

A los ministerios, al Conavi y a las municipalidades que quieran extraer materiales de cauces de dominio público o canteras: son los únicos a los que el texto autoriza a pedir estos permisos temporales (art. 1).

A los contratistas y subcontratistas que ejecuten las obras: deben quedar identificados ante la DGM y responden por daños ambientales junto con la institución y el profesional responsable (art. 1).

A los geólogos o ingenieros de minas que dirijan la explotación: el texto los hace responsables del daño ambiental (art. 1).

A las municipalidades en zonas de emergencia declarada o riesgo inminente: deben aportar la carta del jerarca de la Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias o el informe del Comité Cantonal de Emergencias, según el caso (art. 2).

A las municipalidades cuyas extracciones superen los veinticuatro meses: deben acogerse al Código de Minería (art. 3).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley 9645 está vigente 2. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la número 1 de 1. La Procuraduría General de la República anota que la norma se publicó en formato digital en La Gaceta que se indica.

El texto vigente del artículo 39 del Código de Minería es el que reformó esta ley 3. El texto vigente del artículo 9 de la Ley 8668 también es el reformado, y SINALEVI lo marca como reformado por el artículo 3 de la ley 9645 del 19 de diciembre del 2018 4. El artículo 3 de la Ley 8668 aparece reformado por el artículo 2 de la ley 9645.

Frente a la Constitución

El artículo 170 de la Constitución dice que las corporaciones municipales son autónomas y que en el Presupuesto Ordinario de la República se les asignará a todas las municipalidades del país una suma que no será inferior a un diez por ciento (10%) de los ingresos ordinarios calculados para el año económico correspondiente §Constitución, art. 170. La ley 9645 hace que las municipalidades pidan permiso al Minae para extraer materiales y que la DGM inspeccione y recomiende (art. 1). El Censo no encontró un choque directo: la autonomía municipal convive con trámites de autorización que la propia ley detalla.

El artículo 50 de la Constitución dice que toda persona tiene derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y que está legitimada para denunciar los actos que infrinjan ese derecho §Constitución, art. 50. La ley 9645 obliga a incluir prevenciones ambientales en el permiso y hace responsables por daño ambiental a la institución, al contratista y al profesional (art. 1). Esa parte calza con el artículo 50.

El artículo 182 de la Constitución dice que los contratos para la ejecución de obras públicas que celebren los Poderes del Estado, las Municipalidades y las instituciones autónomas, las compras que se hagan con fondos de esas entidades y las ventas o arrendamientos de bienes pertenecientes a las mismas, se harán mediante licitación, de acuerdo con la ley en cuanto al monto respectivo §Constitución, art. 182. La ley 9645 permite que el concesionario indique a la DGM el nombre del contratista o subcontratista encargado de ejecutar las obras (art. 1). El Censo no encontró en el dossier el detalle de cómo se escoge a ese contratista, así que no puede afirmar si pasa por licitación.

El artículo 121 de la Constitución dice que corresponde exclusivamente a la Asamblea Legislativa dictar las leyes, reformarlas, derogarlas, y darles interpretación auténtica §Constitución, art. 121. La ley 9645 reformó el artículo 39 del Código de Minería y artículos de la Ley 8668 mediante decreto de la Asamblea Legislativa (art. 1). Calza con esa atribución.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una municipalidad, del Minae o de un contratista le viola un derecho, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22. El recurso se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos.

Si cree que la ley 9645 choca con la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. El artículo 75 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional requiere, por regla general, que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa; no será necesario el caso pendiente cuando por la naturaleza del asunto no exista lesión individual y directa, o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si sospecha un manejo irregular de recursos públicos en la extracción o en el contrato, puede denunciar ante la Contraloría General de la República. Las denuncias se presentan personalmente en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club; por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025; por el portal de Denuncia Electrónica; por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr; o por apartado postal 1179-1000 San José §guía, p. 68.

Si una institución pública le falla en el servicio relacionado con estos permisos, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en alguno de sus derechos e intereses por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios puede presentarla §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para la redacción de los proyectos.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántos permisos se han otorgado al amparo de esta ley ni en qué ríos o canteras.

El dossier no permite saber cómo se escoge al contratista o subcontratista que menciona el artículo 39.

El dossier no incluye el texto de los artículos 76 y 77 del Código de Minería, a los que remite la ley para explotaciones más largas.

El dossier no trae grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.