Municipalidades ahora pueden fiscalizar y cobrar sus tributos con las reglas del Código Tributario

Qué cambia

La Ley 9722 agregó un artículo 77 bis al Código Municipal. Ese artículo convierte a las municipalidades del país en administraciones tributarias (art. 77 bis).

Con ese cambio, cada municipalidad puede fiscalizar y controlar la recaudación de los tributos que tiene asignados. También puede revisar al contribuyente en cualquier momento, siempre que le avise antes, y dentro de los plazos del Código de Normas y Procedimientos Tributarios, la Ley 4755 (art. 77 bis).

El texto también le da a la municipalidad las facultades del Código Tributario. En materia de ilícitos tributarios, puede aplicar lo que dice el título III de ese Código sobre infracciones y sanciones administrativas (art. 77 bis).

Si en la fiscalización la municipalidad se entera de un presunto delito, tiene que denunciarlo al Ministerio Público (art. 77 bis).

La ley pone límites al uso de la información. Los datos confidenciales que recoge la municipalidad solo se pueden usar para fines tributarios, salvo que otra ley autorice otra cosa (art. 77 bis). El carácter privado de esa información prevalece y debe resguardarse como dice la ley.

Los funcionarios municipales solo pueden ver la información de los trámites que ellos mismos gestionan (art. 77 bis).

La municipalidad debe respetar el debido proceso y el derecho de defensa del contribuyente en sus procedimientos (art. 77 bis).

Para cumplir todo esto, la ley obliga a la Dirección General de Tributación, a la Dirección General de Aduanas y a los demás entes públicos a colaborar con la municipalidad (art. 77 bis).

La ley rige desde su publicación. El texto dice que se firmó en San José el 14 de agosto de 2019 (art. único).

A quién le toca

A las municipalidades del país. El texto las constituye como administraciones tributarias y les da facultades de fiscalización, control y sanción (art. 77 bis).

A las personas y empresas que pagan tributos municipales. La municipalidad puede revisarlas en cualquier momento, con aviso previo, dentro de los plazos del Código Tributario (art. 77 bis).

A los funcionarios municipales. Solo pueden acceder a la información de los trámites que están gestionando (art. 77 bis).

A la Dirección General de Tributación y a la Dirección General de Aduanas. La ley les impone colaboración obligada con las municipalidades (art. 77 bis).

Al Ministerio Público. Recibe las denuncias por presuntos delitos que detecte la municipalidad durante la fiscalización (art. 77 bis).

Cómo está hoy según SINALEVI

La norma está vigente. SINALEVI registra una sola versión, la 1 de 1, y no tiene observaciones 2.

El texto vigente en SINALEVI coincide con el aprobado: el artículo 77 bis del Código Municipal reproduce el mismo contenido que la Ley 9722 3.

Frente a la Constitución

El artículo 169 de la Constitución pone la administración de los intereses y servicios locales a cargo del Gobierno Municipal §Constitución, art. 169. El artículo 170 declara autónomas a las corporaciones municipales §Constitución, art. 170. El Censo no encontró choque entre esas normas y la ley que da a las municipalidades poder tributario.

El artículo 11 dice que los funcionarios públicos "no pueden arrogarse facultades no concedidas en ella" §Constitución, art. 11. La ley fija esas facultades en el artículo 77 bis, así que calza con esa regla.

Hay una duda sobre el artículo 24, que garantiza "el derecho a la intimidad" y declara inviolables los documentos privados §Constitución, art. 24. La ley permite a la municipalidad revisar información del contribuyente y, a la vez, ordena resguardar la confidencialidad (art. 77 bis). El texto no detalla cómo se pide esa información ni qué respaldo judicial hace falta. Esa falta de detalle es donde podría surgir un reclamo, no una conclusión de inconstitucionalidad.

El artículo 175 somete los presupuestos municipales a la aprobación y fiscalización de la Contraloría General §Constitución, art. 175. La ley no toca esa función, así que no hay choque ahí.

Qué puede hacer usted

Si una municipalidad le revisa sus tributos y usted cree que violó su derecho de defensa o su intimidad, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo contra el servidor o el órgano que causó el agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos §guía, p. 22.

Si lo que quiere es atacar la ley misma por chocar con la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional §guía, p. 24.

Para presentar la acción de inconstitucionalidad debe existir un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo donde invoque esa inconstitucionalidad. No hace falta ese caso pendiente cuando se defienden intereses difusos o colectivos §guía, p. 24.

Si cree que la municipalidad usó mal los fondos públicos o cobró de forma irregular, puede denunciar ante la Contraloría General. La Contraloría revisa y aprueba presupuestos de municipalidades y atiende denuncias por escrito o de forma verbal §guía, p. 68.

También puede acudir a la Defensoría de los Habitantes si una institución pública le falla en el servicio. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede presentar una queja §guía, p. 71.

Si quiere cambiar la ley, la iniciativa popular no sirve para este caso. El artículo 123 de la Constitución excluye los proyectos de materia tributaria de esa vía §Constitución, art. 123.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuánto dinero recaudan las municipalidades por estos tributos ni cuántas fiscalizaciones se han hecho desde 2019.

El dossier no detalla qué sanciones concretas del título III del Código Tributario aplican las municipalidades en la práctica.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.