Migración puede frenar aviones y multar con $10.000 a transportes

Qué cambia

La Dirección General de Migración y Extranjería puede impedir que un avión salga del país si los pasajeros o la tripulación no cumplen los requisitos migratorios (art. 164). Para hacerlo, debe coordinar con la Dirección General de Aviación Civil del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT).

El funcionario público que permita, autorice o facilite la salida irregular de un medio de transporte internacional se somete al procedimiento administrativo de la Ley 6227, Ley General de la Administración Pública (art. 164).

Migración también puede impedir la salida de un medio de transporte internacional si las empresas o agencias dueñas, representantes, explotadoras o consignatarias se niegan a cumplir las obligaciones de la normativa vigente (art. 170). El bloqueo dura hasta que se cumplan esas obligaciones. Para eso, Migración puede pedir apoyo a los cuerpos policiales o a las autoridades administrativas del país.

El medio de transporte internacional que abandone territorio costarricense sin la debida autorización de Migración recibe una multa de diez mil dólares, moneda de los Estados Unidos de América (US$10.000,00), o su equivalente en colones (art. 170). El tipo de cambio es el oficial de venta que determine el Banco Central de Costa Rica (BCCR) para el día en que se realice el pago.

La responsabilidad del medio de transporte se determina mediante un procedimiento administrativo ordinario, conforme a las normas de la Ley 6227 (art. 170). La multa integra el fondo especial creado mediante el artículo 231 de la misma ley.

La ley rige a partir de su publicación (art. único). Se firmó en la Presidencia de la República, San José, el 27 de agosto de 2019.

A quién le toca

A las empresas o agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional: si se niegan a cumplir las obligaciones migratorias, Migración puede impedir la salida de su transporte (art. 170).

A los medios de transporte internacional: si salen del territorio sin autorización de Migración, pagan una multa de US$10.000 o su equivalente en colones (art. 170).

A los funcionarios públicos: si permiten, autorizan o facilitan la salida irregular de un medio de transporte internacional, se les aplica el procedimiento administrativo de la Ley 6227 (art. 164).

A la Dirección General de Migración y Extranjería: debe coordinar con la Dirección General de Aviación Civil del MOPT para impedir la salida de aviones que incumplan requisitos migratorios (art. 164). También puede pedir apoyo a cuerpos policiales y autoridades administrativas (art. 170).

Lo que se dijo en la Asamblea

Tratan de otros proyectos de migración, de 2013, 2015 y 2018.

En 2018, una comisión legislativa analizaba un proyecto de ley especial de migración y extranjería 00:00:13. El video dice que se analizaron artículos sobre colaboración interinstitucional en el proceso de inmigración 00:00:20.

En 2015, la directora de Migración y Extranjería, Kattya Rodríguez, dijo ante la comisión de derechos humanos que la legislación actual tiene problemas operativos serios 00:00:10. Según la transcripción, Rodríguez sostuvo que la ley "tiene problemas operativos que nos hace cierto nudo y no permite que garanticemos el fin último" 00:00:32.

En 2013, representantes de varias fracciones presentaron una reforma a la ley de migración para proteger a trabajadores inmigrantes 00:00:11. La iniciativa buscaba modificar el artículo 15 sobre sanciones proporcionales 00:00:34.

Ninguna de esas grabaciones menciona la Ley 9730 ni los artículos 164 y 170.

Cómo está hoy según SINALEVI

La Ley 9730 está vigente 5. SINALEVI registra una sola versión de la norma. La Procuraduría General de la República anota que la norma se publicó en formato digital en La Gaceta que se indica.

La Ley 8764, Ley General de Migración y Extranjería, también está vigente 6. Sus artículos 164 y 170 aparecen "Así reformado por el artículo único de la ley N° 9730 del 27 de agosto de 2019". El texto vigente de esos artículos coincide con el que aprobó la Ley 9730.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 9730 y los artículos de la Constitución incluidos en el dossier.

El artículo 129 dice que las leyes son obligatorias y surten efectos desde el día que ellas designen §Constitución, art. 129. La Ley 9730 dispone que rige a partir de su publicación (art. único). Eso calza con la Constitución.

El artículo 41 garantiza que todos encuentren reparación para las injurias o daños en su persona, propiedad o intereses morales, con justicia pronta y cumplida §Constitución, art. 41. La ley permite impugnar la multa mediante un procedimiento administrativo ordinario de la Ley 6227 (art. 170). Esa vía de defensa calza con el artículo 41.

El artículo 39 dice que a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme §Constitución, art. 39. La multa de US$10.000 es una sanción administrativa, no una pena penal, y se determina en un procedimiento administrativo (art. 170). El Censo no ve aquí un choque claro.

Queda una duda sobre el alcance de la potestad de Migración para impedir la salida de un transporte. La ley no fija un plazo máximo para ese bloqueo (art. 170). Tampoco detalla cómo se resarce el daño si el bloqueo resulta injustificado. Esa falta de límites podría generar dudas, pero el Censo no la declara inconstitucional.

Qué puede hacer usted

Si usted opera o representa una empresa de transporte y Migración le impide una salida o le pone una multa, puede presentar un recurso de amparo si un acto concreto viola un derecho fundamental §guía, p. 22. El amparo procede contra toda disposición, acuerdo o resolución de servidores públicos que haya violado, viole o amenace violar esos derechos. Cualquier persona puede interponerlo.

Paso a paso para el amparo: exprese con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano autor y las pruebas de cargo §guía, p. 23. No necesita citar la norma constitucional infringida si determina claramente el derecho lesionado. Puede presentarlo por memorial, telegrama u otro medio escrito.

Si considera que la propia Ley 9730 infringe la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan, por acción u omisión, alguna norma o principio constitucional. Necesita un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo que defienda intereses difusos.

Si ve un manejo irregular de los recursos públicos, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal institucional, por correo a contraloria.general@cgrcr.go.cr, por apartado postal 1179-1000 San José, o por fax al 2501-8100.

Si una institución pública le falla en un servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo si fue maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios.

Si quiere cambiar la ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas veces Migración ha impedido la salida de un transporte desde 2019.

El dossier no dice cuántas multas de US$10.000 se han cobrado ni cuánto dinero ha entrado al fondo especial del artículo 231.

El dossier no incluye el texto del artículo 231 de la Ley 8764, que crea el fondo especial.

El dossier no dice si la Ley 9730 tuvo alguna acción de inconstitucionalidad o consulta a la Sala Constitucional.