Presupuesto de sedes universitarias no bajará del monto de 2018

Qué cambia

La ley reforma el artículo 24 de la Ley 9635, sobre asignación presupuestaria. La Dirección General de Presupuesto Nacional hará la asignación de las transferencias con los criterios del artículo anterior (art. 24).

Esa asignación no podrá ser inferior al presupuesto vigente al momento de aprobar esta ley (art. 24). El piso incluye los destinos específicos de las sedes regionales de las universidades públicas que la propia ley derogó.

La ley se publicó el 19 de noviembre de 2019 (art. 24). La Procuraduría General de la República anota que, al no indicar fecha de rige, empieza a regir diez días después de su publicación, según el artículo 129 de la Constitución 2.

A quién le toca

A las sedes regionales de las universidades públicas. La ley protege los destinos específicos que se les habían derogado y los mete en el piso de la asignación (art. 24).

A la Dirección General de Presupuesto Nacional. Es la oficina que queda obligada a calcular las transferencias sin bajar del presupuesto vigente (art. 24).

A las universidades públicas en general. El piso aplica a las transferencias que reciben y no solo a las sedes regionales (art. 24).

Lo que se dijo en la Asamblea

El Plenario acogió el veto presidencial y votó de nuevo en primer debate el proyecto 21 277 el 29 de octubre de 2019 00:00:09.

Una voz en la grabación explica el propósito: "garantizar que los destinos específicos a favor de las sedes regionales de las universidades públicas que fueron derogados por el plan fiscal se mantuvieran en un monto no inferior al que se registró en el año 2018" 00:00:28.

Otra intervención califica el veto de innecesario y dice que la especificidad no daña el proyecto: "lo que abunda no daña" 00:00:42.

La misma voz advierte que la norma podría afectar otros programas: "esta norma podría afectar no sólo a los recintos universitarios sino a otros programas que son fundamentales" 00:01:19.

El resto de la grabación trata otro proyecto, sobre contaminación por plástico, y no se refiere a esta ley 00:01:50.

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente y SINALEVI muestra una sola versión de la norma 2.

La Procuraduría no reporta reformas, correcciones ni derogatorias posteriores. Su única observación es la fecha de rige: diez días después de la publicación, por el artículo 129 de la Constitución 2.

El texto vigente en SINALEVI coincide con el aprobado: reforma el artículo 24 y fija el piso en el presupuesto vigente al momento de aprobación (art. 24).

Frente a la Constitución

El artículo 85 ordena al Estado mantener un fondo especial para la Educación Superior Estatal y dice que sus rentas "no podrán ser abolidas ni disminuidas, si no se crean, simultáneamente, otras mejoras que las sustituyan" §Constitución, art. 85. La ley fija un piso que impide bajar la asignación, lo que va en la misma dirección (art. 24).

El artículo 78 garantiza que el gasto público en educación estatal, incluida la superior, no sea inferior al 8% anual del producto interno bruto §Constitución, art. 78. La ley no toca ese porcentaje y solo se refiere a las transferencias (art. 24).

El artículo 176 exige que la gestión pública sea sostenible, transparente y responsable, con presupuestación plurianual §Constitución, art. 176. Un piso fijo podría chocar con ese principio si el fisco entra en estrechez, porque limita el ajuste del gasto. El Censo no encontró una sentencia que resuelva esa duda.

El artículo 177 da al Poder Ejecutivo autoridad para reducir o suprimir partidas de los anteproyectos §Constitución, art. 177. La ley limita esa facultad sobre estas transferencias, y ahí hay una posible tensión que la Sala Constitucional no ha resuelto según el dossier.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de la Dirección General de Presupuesto Nacional le baja el monto a una sede regional, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, la vía es la acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales §guía, p. 24.

La acción requiere un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se defiendan intereses difusos §guía, p. 24.

También puede denunciar ante la Contraloría General de la República un hecho que se presume irregular en el manejo de recursos públicos. La Contraloría revisa y aprueba presupuestos de instituciones autónomas como las universidades §guía, p. 68.

Las denuncias se presentan en la Plataforma de Servicios en Sabana Sur, al teléfono 2501-8025 del Área de Denuncias e Investigaciones, por el portal institucional o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr §guía, p. 68.

Si una institución pública le falla en la prestación del servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica puede hacerlo §guía, p. 71.

Para cambiar la ley, la vía es una iniciativa popular. El Tribunal Supremo de Elecciones revisa las firmas y traslada el proyecto a la Asamblea, que debe votarlo en un plazo máximo de dos años §guía, p. 26.

La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuál era el monto exacto del presupuesto vigente en 2019 ni el de los destinos específicos de cada sede regional.

El dossier no incluye el texto del artículo anterior de la Ley 9635, al que remite el artículo 24 para los criterios de asignación.

El dossier no permite saber si la Dirección General de Presupuesto Nacional ha aplicado el piso en los presupuestos posteriores a 2019.