Loterías darán 8% a programas para personas con discapacidad

Qué cambia

El dinero que la Junta de Protección Social reparte para programas de personas con discapacidad sube de un 7% a un 8% (art. 1). El cambio está en el inciso j) del artículo 8 de la Ley 8718, que la Ley 9773 reformó.

Ese 8% va para programas de inclusión y participación plena de personas con discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual o sensorial (art. 1). La ley pide dar prioridad a personas jóvenes con discapacidad. También incluye el acceso a productos y servicios de apoyo que esas personas necesiten, según el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos de la Junta de Protección Social.

Para entrar a esos programas, la persona con discapacidad debe tener la certificación del Servicio de Certificación de la Discapacidad (Secdis), del Consejo Nacional de Personas con Discapacidad (Conapdis) (art. 1).

Si queda dinero sin girar de ese inciso, se redistribuye a programas u organizaciones sin fines de lucro autorizados por el Conapdis (art. 1).

El artículo 2 deroga el inciso g) del artículo 35 de la Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de mayo de 2002 (art. 2). El dossier no incluye el texto de ese inciso derogado, así que no se puede decir qué decía.

La ley rige a partir de su publicación (art. 2). El texto dice que se firmó en la Presidencia de la República, en San José, el 5 de noviembre de 2019.

A quién le toca

A las personas con discapacidad física, mental, psicosocial, intelectual o sensorial que quieran entrar a los programas que financia ese 8% de las loterías (art. 1). Necesitan la certificación del Secdis del Conapdis.

A las personas jóvenes con discapacidad, porque la ley les da prioridad en esos programas (art. 1).

A las organizaciones sin fines de lucro que trabajan con discapacidad, porque pueden recibir los excedentes o fondos no girados, siempre que el Conapdis las autorice (art. 1).

Al Conapdis, que certifica la discapacidad por medio del Secdis y autoriza a las organizaciones que reciben los excedentes (art. 1).

A la Junta de Protección Social, que reparte las rentas de las loterías nacionales según su Manual de Criterios (art. 1).

Cómo está hoy según SINALEVI

La ley está vigente 2. SINALEVI registra una sola versión de la norma, la número 1 de 1, y no le pone observaciones.

El texto vigente en SINALEVI es el mismo que aprobó la Asamblea: reforma el inciso j) del artículo 8 de la Ley 8718 y deroga el inciso g) del artículo 35 de la Ley 8261 2 (art. 1) (art. 2).

La Ley 8718 sigue vigente 3. Esa ley cambió el nombre de la Junta de Protección Social de San José por el de Junta de Protección Social.

La Ley 8261, Ley General de la Persona Joven, también sigue vigente 4.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre esta ley y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 51 de la Constitución manda que el Estado dé protección especial a las personas con discapacidad §Constitución, art. 51. La ley reparte más dinero de las loterías para programas de inclusión de personas con discapacidad, así que va en la misma dirección (art. 1).

El artículo 50 dice que el Estado procurará el mayor bienestar a todos los habitantes y el más adecuado reparto de la riqueza §Constitución, art. 50. Subir del 7% al 8% el monto para esos programas es un reparto de dinero público (art. 1).

El artículo 121, inciso 1, da a la Asamblea Legislativa la potestad de dictar leyes y reformarlas §Constitución, art. 121. Esta ley es una reforma aprobada por la Asamblea (art. 1).

El artículo 124 pide dos debates en días distintos, aprobación de la Asamblea, sanción del Poder Ejecutivo y publicación en La Gaceta para que un proyecto sea ley §Constitución, art. 124. El dossier no trae el detalle de esos trámites para esta ley, así que no se puede confirmar cada paso.

Qué puede hacer usted

Si una institución pública le niega o le aplica mal el acceso a un programa de discapacidad financiado con ese 8%, puede presentar un recurso de amparo §guía, p. 22. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional. Se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como autor del agravio.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que cesen sus efectos directos §guía, p. 22. En el escrito debe poner con claridad el hecho o la omisión, el derecho violado, el nombre del servidor u órgano y las pruebas §guía, p. 23. No hace falta citar la norma constitucional infringida.

Si cree que la ley misma choca con la Constitución, existe la acción de inconstitucionalidad §guía, p. 24. Procede contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan una norma o principio constitucional. Para interponerla, el artículo 75 pide un asunto pendiente ante los tribunales o en el procedimiento administrativo, salvo cuando no haya lesión individual y directa o se trate de intereses difusos.

Si sospecha un mal manejo de los fondos públicos de la Junta de Protección Social, puede denunciar ante la Contraloría General de la República §guía, p. 68. La Contraloría fiscaliza el uso de los fondos públicos y revisa los presupuestos de instituciones autónomas y fondos públicos que administran privados. La denuncia se presenta en la Plataforma de Servicios o el Área de Denuncias e Investigaciones, en Sabana Sur, contiguo al Tennis Club. También por teléfono al 2501-8000 o al 2501-8025, por el portal de Denuncia Electrónica o al correo contraloria.general@cgrcr.go.cr.

Si una institución pública le falla en la prestación del servicio, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes §guía, p. 71. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública puede presentarla.

Si quiere cambiar esta ley, puede proponer una reforma por iniciativa popular §guía, p. 26. El proyecto debe tramitarse por los procedimientos legislativos ordinarios y votarse en un plazo máximo de dos años. La Oficina de Iniciativa Popular de la Asamblea Legislativa da asesoramiento técnico gratuito para redactar el proyecto.

Lo que no sabemos

El dossier no incluye el texto del inciso g) del artículo 35 de la Ley 8261 que esta ley deroga, así que no se sabe qué beneficio se eliminó.

El dossier no dice cuánto dinero representa ese paso del 7% al 8% ni cuántas personas reciben los programas.

El dossier no trae el detalle de los debates y la publicación en La Gaceta de esta ley.