Nueva ley saca de la herencia a quien maltrate o engañe a un adulto mayor

Qué cambia

La Ley 9777 reforma el artículo 523 del Código Civil y el artículo 65 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor (art. 1) (art. 2). La ley rige desde su publicación, el 12 de noviembre de 2019.

El nuevo artículo 523 del Código Civil enumera siete causales para no recibir una herencia, sea por testamento o por sucesión legítima (art. 1). La primera es dar muerte o atentar contra la vida del causante, o agredir física o sexualmente, o injuriar gravemente a esa persona, a su cónyuge, a sus padres o a sus hijos, siempre que los hechos se comprueben.

La segunda es acusar o denunciar falsamente al causante por un delito que no cometió, o declarar falsamente contra él en un proceso penal. La tercera remite a las conductas del artículo 196 del Código de Familia. La cuarta es negarse a dar alimentos al causante cuando existe esa obligación, según los artículos 196 y 195 del Código de Familia. La quinta es abandonar al causante o no darle un trato en condiciones dignas cuando la persona no puede valerse por sí misma por enfermedad, discapacidad, o por ser menor de edad o adulta mayor (art. 1).

La sexta es estorbar con fraude o fuerza para que el causante haga o revoque un testamento, o sustraer o destruir el testamento, o forzarlo a testar. La séptima es inducir al causante, mediante engaño, abuso de poder, coacción o aprovechando su vulnerabilidad, a disponer de sus bienes o recursos de forma perjudicial para él o para sus dependientes directos (art. 1).

El nuevo artículo 65 de la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor agrega una causal propia: la sentencia condenatoria por los hechos de los artículos 58, 59, 60 y 61 de esa ley, y la que condene por cualquier agresión física o sexual contra una persona adulta mayor, también impiden heredar o recibir donación de bienes de la víctima (art. 2). Esa prohibición dura un período equivalente a cuatro veces el monto de la pena impuesta, sin perjuicio del perdón que pueda dar la víctima.

El despacho judicial debe ordenar de oficio al Registro Nacional anotar la sentencia en los bienes del ofendido, si los tiene. El negocio jurídico que ignore esa indignidad es nulo de forma absoluta (art. 2).

A quién le toca

A los herederos y legatarios del causante, porque el artículo 523 reformado les impone causales de indignidad para recibir por sucesión testamentaria o legítima (art. 1).

A las personas obligadas a dar alimentos al causante, porque negarse a hacerlo, según los artículos 169 y 173 del Código de Familia, es causal de indignidad (art. 1).

A quienes cuiden o acompañen a una persona imposibilitada de valerse por sí misma, porque abandonarla u omitir un trato digno es causal de indignidad (art. 1).

A las personas adultas mayores víctimas de agresión física o sexual, porque la sentencia condenatoria impide que el agresor herede o reciba donación de sus bienes (art. 2).

A los notarios y a quienes participen en negocios jurídicos sobre bienes de una persona adulta mayor, porque el negocio que ignore la indignidad es nulo de forma absoluta (art. 2).

Cómo está hoy según SINALEVI

La Ley 9777 está vigente y SINALEVI registra una sola versión de la norma 2. La Procuraduría General de la República anota que la norma se publicó en formato digital en La Gaceta que se indica.

SINALEVI muestra un texto distinto para el artículo 65 de la Ley 7935. El artículo vigente hoy se titula "Causal de indignidad e ingratitud" y fue reformado por el artículo 1 de la Ley 10455 del 19 de marzo de 2024 3. Ese texto vigente ordena al Tribunal de Juicio competente declarar en la sentencia condenatoria la indignidad para heredar y la ingratitud para recibir por donación en tres casos: los hechos de los artículos 58, 59, 60 y 61 de la Ley 7935; la condenatoria penal en firme por abandono de persona adulta mayor en estado de vulnerabilidad según el artículo 142 bis del Código Penal; y la sentencia jurisdiccional en firme por cualquier tipo de violencia cuya víctima haya sido una persona adulta mayor.

El texto que aprobó la Ley 9777, en cambio, hablaba de un período equivalente a cuatro veces el monto de la pena impuesta y de la anotación de oficio en el Registro Nacional (art. 2). Para saber qué texto aplica hoy al artículo 65, hay que leer la versión vigente que muestra SINALEVI 3.

Frente a la Constitución

El Censo no encontró un choque directo entre la Ley 9777 y los artículos de la Constitución que están en el dossier.

El artículo 51 de la Constitución dice que la familia tiene derecho a la protección especial del Estado y que también tienen ese derecho la madre, el niño y la niña, las personas adultas mayores y las personas con discapacidad §Constitución, art. 51. La ley reformada protege a las personas adultas mayores al impedir que quien las agreda herede de ellas (art. 2).

El artículo 41 de la Constitución garantiza que todos encuentren reparación para las injurias o daños en su persona, propiedad o intereses morales, con justicia pronta y cumplida §Constitución, art. 41. La ley exige que las conductas se comprueben debidamente antes de declarar la indignidad (art. 1).

El artículo 39 de la Constitución dice que a nadie se hará sufrir pena sino por delito, cuasidelito o falta sancionados por ley anterior y en virtud de sentencia firme §Constitución, art. 39. La causal del artículo 65 de la Ley 7935 se apoya en una sentencia condenatoria (art. 2).

El artículo 105 de la Constitución reserva la potestad de legislar al pueblo, que la delega en la Asamblea Legislativa §Constitución, art. 105. La Ley 9777 fue aprobada por la Asamblea Legislativa y publicada en La Gaceta 2.

Qué puede hacer usted

Si un acto concreto de una institución pública viola un derecho suyo o de un adulto mayor, puede presentar un recurso de amparo. Cualquier persona puede interponerlo, según el artículo 33 de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, y se plantea contra el servidor o titular del órgano que aparece como presunto autor del agravio §guía, p. 22.

El amparo se puede presentar en cualquier tiempo mientras subsista la violación, y hasta dos meses después de que hayan cesado sus efectos directos. Si se trata de derechos patrimoniales, el plazo es de dos meses desde que el perjudicado tuvo noticia fehaciente de la violación §guía, p. 22.

En el escrito de amparo debe expresar con claridad el hecho o la omisión que lo motiva, el derecho que considera violado, el nombre del servidor público o del órgano autor y las pruebas de cargo. No hace falta citar la norma constitucional infringida y no se requiere autenticación §guía, p. 23.

Si considera que la Ley 9777 o su aplicación infringen la Constitución, puede presentar una acción de inconstitucionalidad contra leyes y otras disposiciones generales que infrinjan alguna norma o principio constitucional §guía, p. 24. Para interponerla se requiere que exista un asunto pendiente de resolver ante los tribunales o en el procedimiento para agotar la vía administrativa, salvo cuando no exista lesión individual y directa o se trate de la defensa de intereses difusos.

Si el problema es el mal funcionamiento de una institución pública, puede presentar una queja ante la Defensoría de los Habitantes. Cualquier persona que habite en Costa Rica que haya sido maltratada en sus derechos por el mal funcionamiento de una institución pública o sus funcionarios puede hacerlo §guía, p. 71.

Si lo que quiere es cambiar la ley, puede usar la iniciativa popular. Un proyecto de iniciativa popular debe ser votado en la Asamblea Legislativa en un plazo máximo de dos años, y la Oficina de Iniciativa Popular brinda asesoramiento técnico gratuito para redactar los proyectos §guía, p. 26.

Lo que no sabemos

El dossier no dice cuántas personas han sido declaradas indignas para heredar desde que rige la Ley 9777.

El dossier no permite saber si la reforma de la Ley 10455 al artículo 65 de la Ley 7935 dejó sin efecto el plazo de cuatro veces el monto de la pena que aprobó la Ley 9777.

El dossier no incluye grabaciones de la Asamblea sobre este expediente.